ONG relatan audiencia en Washington; la parte oficial ofrece investigar asesinatos
Reconoce el gobierno ante CIDH riesgos para el ejercicio periodístico en México
Denuncian discriminación a diversos medios en la distribución de la publicidad federal
El gobierno federal reconoció en el 128 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en la capital de Estados Unidos la semana pasada, la existencia de riesgos en el país para el ejercicio de la actividad periodística; "en los últimos años hay crecientes riesgos para el ejercicio del periodismo en México vinculado con la inseguridad pública y el crimen organizado, pero es responsabilidad del Estado investigar y sancionar esos crímenes", aseveró la delegación oficial mexicana presente en la audiencia sobre libertad de prensa.
Dicha representación estuvo integrada por Víctor Hugo Pérez, director general adjunto de derechos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal; Rodrigo Ezpeleta, director de promoción y defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación; Alejandro Negri, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República.
Por las organizaciones civiles asistieron el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la organización Artículo 19, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y Reporteros Sin Fronteras.
Asesinatos y desapariciones
En esa audiencia, la delegación oficial mexicana aseguró ante el presidente de la CIDH, Florentín Menéndez, que una de las mayores amenazas para la libertad de prensa es "la intimidación y la violencia; en todo el mundo la profesión de periodista conlleva riesgos y más cuando trastoca o amenaza intereses; por desgracia estos riesgos existen en México, hay asesinatos de periodistas y desapariciones".
Los funcionarios subrayaron ante el titular de la CIDH: "el gobierno reconoce con enorme preocupación que desde 2003 se produce en México un incremento de violencia, asesinatos, desapariciones y amenazas contra los reporteros; las causas pueden ser debatidas, pero es coincidente que a ellos se asocia el recrudecimiento de la violencia por el crimen organizado y la inseguridad pública; el Estado debe esclarecer y sancionar los asesinatos", expusieron.
Proceso legislativo
En conferencia de prensa, las organizaciones Cencos, Artículo 19 y la Amarc sección México expusieron los resultados de la audiencia sostenida en Washington y destacaron el compromiso del Estado mexicano para que expertos de la CIDH participen en el proceso legislativo de las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión.
Aleida Calleja, presidenta de Amarc, manifestó que la delegación oficial mexicana aceptó que el relator especial de la CIDH para la libertad de prensa acompañe el proceso legislativo que tendrá que llevarse a cabo una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales varios artículos de la referida ley.
Además, la delegación mexicana se comprometió a entregar pronto un informe detallado referido a las investigaciones de los asesinatos y desapariciones de periodistas.
Valvina Flores, integrante de Reporteros Sin Fronteras; Ricardo González, de Artículo 19, Omar Rábago, de Cencos, y Aleida Calleja dieron a conocer los compromisos que asumió el gobierno mexicano en la pasada audiencia sobre libertad de expresión en el país. Flores hizo notar que se expuso ante el titular de la CIDH que, además de los 33 asesinatos de periodistas ocurridos entre 2000 y 2007, las seis desapariciones forzadas de reporteros, las amenazas, intimidaciones y hostigamiento a comunicadores, también existe una discriminación del gobierno en la distribución de publicidad, sobre todo para medios como Monitor, La Jornada y Proceso.
Los dirigentes de las organizaciones no gubernamentales aseveraron que en la CIDH señalaron que en ningún caso se ha investigado y sancionado a los responsables, por lo que priva la impunidad.