Diputados descubrieron que prestó servicios a dependencias a las que luego revisó
Niegan amparo al auditor superior de la Federación contra amonestación
Aún deberá enfrentar proceso por las irregularidades en la cuenta pública de 2004
El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, perdió una batalla legal con la Cámara de Diputados, luego de que el lunes pasado el juez primero de distrito, José Antonio Montoya García, le negó una solicitud de amparo que interpuso para evitar la amonestación privada impuesta por la Comisión de Vigilancia por el presunto conflicto de intereses del funcionario.
La sanción tuvo su origen en el hecho de que la Cámara descubrió en 2004 que el despacho González de Aragón y Asociados otorgó sus servicios profesionales a diversos entes de gobierno, que posteriormente fueron auditados por la ASF, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y las comisiones Federal de Competencia y Nacional del Agua.
El proceso es independiente de la solicitud de responsabilidad interpuesta por el ex diputado Jesús González Schmal, por las presuntas irregularidades en la revisión de la cuenta 2004 al supuesto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún.
El 22 de junio del año pasado, la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados determinó fincarle responsabilidades al auditor porque, a pesar de las peticiones expresas para que informara a la Comisión de Vigilancia si en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAVI) se encontraban entidades públicas que, a su vez, hubiesen contratado aquel despacho, el funcionario no lo hizo.
Posteriormente, el 4 de septiembre pasado González de Aragón interpuso un recurso de revocación en contra del fallo de la UEC, que fue admitido dos días después bajo el expediente 1073/2006, y se decretó asimismo la suspensión de los actos reclamados.
Recurso de revisión
Sin embargo, el lunes el juez Montoya García determinó sobreseer el caso, negar el amparo y la protección solicitada por González de Aragón, quien tiene un plazo de 10 días hábiles para interponer un recurso de revisión ante una segunda instancia, una vez que sea notificado.
La sanción impuesta al auditor se aplicó a solicitud del ex diputado priísta Angel Pasta Muñúzuri, quien presentó una denuncia formal por presuntas responsabilidades administrativas de González de Aragón, derivadas de la contratación del despacho citado por parte de las entidades sujetas luego a auditoría.
Sin embargo, el funcionario alegó que los contratos entre los entes sujetos a revisión y las auditorías programadas por la ASF no influían en su labor, e inclusive exhibió ante la Unidad de Evaluación y Control el oficio SA/100/0760/2004, del 30 de septiembre de 2004, emitido por el que fuera secretario de la Función Pública en el gobierno de Vicente Fox, Eduardo Romero Ramos, quien exoneró a González de Aragón al señalar que si bien la dependencia a su cargo tenía contratos con el despacho, a su criterio no existía conflicto de intereses.
A pesar de ello, la UEC inició la integración del expediente respectivo y se instruyó notificar formalmente al auditor, así como efectuar la búsqueda y localización de los antecedentes de la empresa en el Registro Público de la Propiedad e identificar los contratos celebrados con dependencias federales.
Al respecto, la unidad de evaluación confirmó que ante el registro público se había constatado la conformación del despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, Sociedad Civil, con el folio 00010910, y corroboró el nombre de los socios, entre los que se encontraba el titular de la ASF.
En los alegatos de su defensa, el funcionario federal afirmó en un escrito presentado el 18 de abril de 2005 que al ser designado titular de la Auditoría Superior de la Federación decidió "donar" su parte social al despacho, "para no mezclar la labor profesional en despachos independientes con la responsabilidad pública".
Aun así, la UEC documentó que antes del nombramiento, el despacho celebró contratos de prestación de servicios con el AICM en 2001, y quien los suscribió fue González de Aragón, en su calidad de presidente y director de la firma de auditores. Posteriormente, en 2002, ya como titular de la ASF, revisó las operaciones del aeropuerto y eludió notificar de ese hecho a la Comisión de Vigilancia.
Lo mismo ocurrió en la revisión de las cuentas públicas 2002 y 2003, y si bien para la de 2004 la Cámara recibió un listado de empresas contratadas por la Secretaría de la Función Pública, la UEC no pudo corroborar la información porque aún no se contaba con el programa de auditorías para ese año.