El 16 de julio hubo excesos contra los manifestantes de la APPO, sostiene Vivanco
Human Rights Watch urge a Ulises indagar y sancionar abusos policiacos
Human Rights Watch (HRW) urgió al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a realizar "una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidas por policías contra integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el 16 de julio".
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, sostuvo que si Ulises Ruiz está comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, "debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados".
Refirió que el pasado lunes 16 de julio, durante una marcha de miembros y simpatizantes de la APPO, se produjo una "violenta" confrontación con agentes municipales y estatales. "La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y ambos grupos lanzaron piedras".
Sin embargo, aseveró, HRW ha recibido informaciones creíbles de que la policía realizó detenciones arbitrarias, arrestó a personas que se encontraban en coches y autobuses, y golpeó a los detenidos.
El organismo internacional señaló que evidentemente las autoridades "de Oaxaca tienen el deber de investigar a cualquier manifestante que haya violado la ley durante los disturbios de ese día, pero la policía estatal y otros funcionarios tienen el deber de respetar los derechos fundamentales de los detenidos, de conformidad con el derecho internacional y la Constitución mexicana".
Vivanco hizo un llamado al gobernador Ruiz Ortiz para que advierta a la fuerza pública que "el trato abusivo no será tolerado (...) y que los funcionarios que incurran en esas prácticas serán destituidos de sus cargos y sujetos a investigaciones penales". Además, instó al mandatario "a garantizar que todo policía bajo investigación por presuntos crímenes sea suspendido inmediatamente del servicio, con el fin de evitar violaciones similares en el futuro".
HRW refiere que al parecer "la policía golpeó brutalmente a algunos de los detenidos, que requirieron hospitalización. Emeterio Merino Cruz, de 43 años, fue bajado de un autobús y arrestado aparentemente por tener tierra en las manos, lo cual la policía atribuyó a que había lanzado piedras; después de varias horas bajo custodia policial, Merino Cruz fue transferido a un hospital con lesiones que ameritaron cirugía. Después de una semana el afectado permanece hospitalizado en terapia intensiva".
También da cuenta de que la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, Rosario Villalobos, reconoció públicamente que los policías estatales incurrieron en uso excesivo de fuerza y aceptó que el gobierno tendrá que asumir la responsabilidad por esos excesos.
Cabe recordar que el 30 de octubre de 2006, Vivanco dirigió una carta al entonces presidente electo Felipe Calderón, en la cual le dijo que "sería deseable que su sexenio se caracterizara por una reforma policial para evitar excesos en el uso de la fuerza; reformas judiciales que busquen terminar con los abusos que socavan la seguridad pública; la rendición de cuentas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia, y medidas para asegurar que mujeres y niñas violadas puedan recurrir a un aborto".
En esa ocasión, Vivanco refirió a Calderón que en reiteradas oportunidades "la conducta de las policías durante el control de manifestaciones públicas ha llevado a excesos que pueden caracterizarse como brutalidad policial. Si bien es cierto que en muchos casos los manifestantes incurren en actos de vandalismo y violencia, conforme a estándares internacionales, ello no justifica el uso excesivo de la fuerza, ya que los policías deben siempre reaccionar con profesionalismo y proporcionalidad".
En la misiva, subrayó: "desgraciadamente, en varios casos recientes -como la manifestación contra la globalización en Guadalajara, la huelga de trabajadores mineros en Lázaro Cárdenas y la protesta pública en San Salvador Atenco- los policías reaccionaron de manera desproporcionada, incluyendo violencia contra manifestantes que, en algunos casos, llevó a su muerte".
Abundó que "el conflicto político, económico y social que ha afectado a Oaxaca en los recientes anteriores, y en particular los recientes acontecimientos violentos, han dejado en claro que existe riesgo constante de uso excesivo de la fuerza".
Para evitar que estos actos vuelvan a ocurrir, "es urgente una reforma policial que incremente la seguridad pública sin violar derechos humanos, es necesario que su gobierno promueva medidas tendientes a mejorar la capacitación de las policías y dotarlas de recursos, así como crear mecanismos de control internos y externos que desincentiven abusos y sancionen a los responsables".