Editorial

Derechos humanos: estancamiento y abandono

En un comunicado difundido ayer, la organización Human Rights Watch afirmó contar con "informes creíbles" respecto a severas violaciones a las garantías individuales cometidas por miembros de la policía estatal oaxaqueña, en el contexto de la represión emprendida por esa corporación el pasado lunes 16 contra integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en las inmediaciones del auditorio Guelaguetza. La organización instó al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, a "investigar la presunta brutalidad policial y procesar a los responsables". Estos señalamientos, junto con los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló la semana pasada, dan cuenta de la desastrosa situación actual de las garantías individuales en Oaxaca y deben ser tomados no sólo como un llamado de atención más sobre la profundización de la crisis en esa entidad -por más que las autoridades se empeñen en negarlo-, sino también como un recordatorio de la grave situación en esa materia en todo el país.

Al final de la administración foxista ocurrieron graves atropellos a los derechos humanos por parte de las autoridades estatales y federales, que recurrieron a la represión policial como una medida para sofocar los descontentos sociales en diversas zonas del país: Lázaro Cárdenas, en Michoacán; Texcoco-Atenco, en el estado de México, y Oaxaca. En lo que va de este sexenio se ha mantenido la impunidad para los culpables de esas violaciones a las garantías individuales y han ocurrido otras, como las detenciones de los líderes sociales oaxaqueños y su internamiento injustificable en penales de alta seguridad; la muerte de Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, Veracruz, presuntamente causada por elementos del Ejército, así como los ya referidos atropellos de la semana pasada en Oaxaca. Además, las autoridades han exhibido un reprobable desinterés en el cumplimiento de su responsabilidad de perseguir y castigar a los culpables de violaciones a los derechos humanos. Muestra de ello es el evidente contubernio entre autoridades civiles y castrenses en torno a los sucesos del 11 de julio de 2006 en Castaños, Coahuila, cuando un grupo de militares irrumpió violentamente en la zona de tolerancia de la comunidad y abusó sexualmente de 14 mujeres. A más de un año de estos hechos, el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez, no ha dictado sentencia, a pesar de que la procuraduría estatal ha acreditado la participación en los sucesos de 12 de los agresores, quienes han sido plenamente identificados por las víctimas.

Desde los tiempos de la contrainsurgencia zedillista en Chiapas, puesta en práctica a partir de febrero de 1995, garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país no ha sido precisamente prioritario para los sucesivos gobiernos. Vicente Fox se presentaba a sí mismo como un decidido defensor y promotor del respeto a las garantías individuales en otros países, pero en el ámbito interno su compromiso con el tema fue meramente retórico, al grado de que en el informe El estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional señaló que el ex presidente "concluyó su mandato sin cumplir el compromiso de su gobierno de poner fin a las violaciones de los derechos humanos y la impunidad que siguieron siendo generalizadas". En lo que va de la administración de Felipe Calderón, el tema ni siquiera se incluye en la agenda gubernamental; por el contrario, se ha incurrido en prácticas como el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia y la criminalización de la protesta social que, se sabe desde siempre, propician violaciones masivas a las garantías individuales, a las libertades y a los derechos políticos.

A estas alturas, un gobierno sin política de derechos humanos es simplemente impresentable ante su propio país y ante el mundo y, por tanto, carecen de credibilidad las expresiones de respeto a la legalidad que no incluyan expresamente las leyes que tutelan tales garantías.