Usted está aquí: martes 24 de julio de 2007 Opinión Una reforma educativa del nivel 2

José Blanco

Una reforma educativa del nivel 2

El bono demográfico alude al hecho de que durante su transición demográfica las poblaciones pasan, durante cierto lapso, por una estructura demográfica "madura", es decir, que concentran una elevada proporción en edad apta para el trabajo. Por supuesto, el "bono" representa oportunidades y retos; en cada país dependen de un conjunto de factores entre los que destacan los niveles de educación de la sociedad, las políticas públicas puestas en marcha en el largo plazo, las posibilidades efectivas de la creación de empleos, del crecimiento de la economía, que en gran medida dependen de las políticas públicas.

El "bono" mexicano de nuestros días traerá consigo una presión extraordinaria sobre el bachillerato y la educación superior durante alrededor de una década.

La semana pasada, la Secretaria de Educación Pública fue reconocida por el BID y la OCDE por el acierto de designar a los directores de bachillerato mediante concurso de oposición. Es una buena señal; la educación, cursarla, impartirla o gestionarla, debe ser, en todo momento, un asunto de méritos. A esto deben atenerse todos los planteles educativos de cualquier nivel. Su asunto es transmitir, generar, distribuir conocimientos.

Por supuesto, corresponde a otras políticas públicas crear las condiciones de igualdad de oportunidades para que todos los que quieran puedan acceder a hacerse de los méritos necesarios para alcanzar niveles crecientes de educación.

En los hechos, sin embargo, en ausencia histórica de políticas públicas que combatieran con suficiencia la desigualdad y crearan igualdad de oportunidades, especialmente las universidades han debido ejercer históricamente funciones que en una sociedad ordenada no tendrían que haber llevado a cuestas. La universidad mexicana, en este sentido, ha estado sobrecargada de responsabilidades y ha debido hacer más que generar y distribuir conocimientos.

El paso que se ha dado respecto a los bachilleratos federales es una oportunidad para revisar a fondo sus objetivos y contenidos educativos. Se trata de una tarea urgente si miramos el hecho de que existen -se dice- más de 300 programas distintos de este nivel.

De otra parte, como lo saben los estudiosos de la educación y seguramente las autoridades educativas mexicanas, prácticamente en todo el mundo el bachillerato constituye, junto con la escuela secundaria, el nivel 2 de los sistemas educativos.

México continúa manteniendo como educación básica a la escuela secundaria, cuando en todas partes sólo la primaria es el tramo básico. El tramo medio (nivel 2) lo forman la escuela secundaria y el bachillerato, y el 3 la educación superior (los posgrados dan lugar a otras clasificaciones).

En mi opinión el bachillerato debe ser constitucionalmente obligatorio y ser evaluado, para efectos de sus objetivos y contenidos, conjuntamente con la escuela secundaria, con independencia de su tipo de control (estatal, federal, universitario).

La nueva ley sobre la secundaria obligatoria en España (cuatro años) dice que su finalidad "es transmitir a los alumnos los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos científico, tecnológico y humanístico; afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo y el desarrollo de sus capacidades; formarlos para que asuman deberes y ejerzan derechos como ciudadanos responsables, y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral con las debidas garantías".

En seguida esa ley describe 13 capacidades específicas, que después hallarán un desarrollo minucioso en los programas de estudio.

Respecto al tramo del bachillerato (dos años), la ley española dispone que sus objetivos son "proporcionar a los alumnos una educación y formación integral, intelectual y humana, así como los conocimientos y habilidades que les permitan desempeñar sus funciones sociales y laborales con responsabilidad y competencia. Asimismo, los capacitará para acceder a la formación profesional de grado superior y a los estudios universitarios".

A continuación enumera 23 "capacidades" que deben adquirir los egresados. Anotemos algunas: consolidar una sensibilidad ciudadana y una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de las sociedades democráticas y los derechos humanos; afianzar la iniciativa personal, así como los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal; conocer, desde una perspectiva universal y plural, las realidades del mundo contemporáneo...; trabajar de forma sistemática y con discernimiento sobre criterios propios y ajenos y fuentes de información distintas, a fin de plantear y de resolver adecuadamente los problemas propios de los diversos campos del conocimiento y de la experiencia; comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos en cada disciplina...

El resto de las "capacidades" son igualmente ricas en contenidos. Las propias leyes disponen las formas como se evalúan las competencias que los egresados deben adquirir.

El español es un buen referente. Nótese que no se habla de enseñanza, sino de aprendizaje: un giro de 180 grados. El profesor muestra caminos y señala escaleras (programas de estudio instruccionales). Los alumnos caminan y trepan por sí solos.

Además, los estudiantes en lugar de recibir un rollo de información del profesor, construyen competencias múltiples apoyados por sus profesores. Son estas competencias las que son objeto de evaluación. Saber y saber hacer: de eso se trata.

España está en los prolegómenos de este sistema educativo, pero ya tiene leyes y camino andado; ha superado mil debates y aún enfrentará mil dificultades. Pero está ya en los carriles de la sociedad del conocimiento. ¿Qué tal si empezamos, aprovechando la presión del bono demográfico?

 
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