Comisión de Vigilancia pedirá que sea auditado el manejo oficial del dinero incautado
Desde el gobierno se encumbró al empresario: diputados
Diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Convergencia resaltaron que desde el gobierno federal instancias, como las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, al igual que Aduanas, permitieron a Zhenli Ye Gon "encumbrarse como uno de los más prominentes importadores de seudoefedrinas".
Mientras el coordinador de Convergencia, Alejandro Chanona, aseguró que la actuación de diferentes funcionarios "iba a catapultar" al empresario chino como productor de medicinas para América Latina, el priísta Gerardo Sosa aseguró que la Comisión de Vigilancia solicitará que se audite el manejo que la administración de Felipe Calderón dará a los 205 millones de dólares incautados a Zhenli.
En entrevista, el legislador de Convergencia aseguró que en las operaciones del ciudadano mexicano de origen chino y la carta de su naturalización debieron participar una serie de funcionarios, tanto de Gobernación como de Relaciones Exteriores.
Cuestionó: "¿primero, quién le otorgó la carta?, segundo, ¿quién lo invitó a donde sólo unos pocos privilegiados van, al Salón Juárez de Relaciones Exteriores? Y, todavía más complicado, ¿quién palomeó que fuera uno de los ocho beneficiarios simbólicos (para recibir) la carta de manos de Vicente Fox? Hay muchos caminos, desde recomendaciones internas de Gobernación hasta de la cancillería, pero al final el último tramo pasa por el control del secretario de Relaciones Exteriores".
Rechazó la posibilidad de que el escándalo del empresario sea "una distracción" o que se utilice como pretexto para que el gobierno de Felipe Calderón y el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, no resuelvan casos como el de Oaxaca, en el que no han querido intervenir a pesar de que la Junta de Coordinación Política le solicitó al ex gobernador de Jalisco resolver el conflicto, que ya cumplió 14 meses.
Por su parte, en un comunicado el priísta Gerardo Sosa, quien es secretario de la Comisión de Vigilancia, dijo que si el gobierno acreditó como suyos los 205 millones de dólares incautados en la residencia de Zhenli, así como los más de 1.5 millones de dólares que se han generado de intereses son, en realidad, recursos públicos y, por tanto, deben ser auditados.
Aseguró que el gobierno de Felipe Calderón está obligado a informar, de manera puntual, cómo y cuándo se gastarán esos recursos, pues no es suficiente con que asegure que se invertirá en partes iguales para prevenir adicciones, a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial de la Federación.
El legislador hidalguense resaltó que al demandar que se audite el ejercicio de esos recursos se busca "garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público, para asegurar que se utilicen de forma eficiente; lo que buscamos es acabar con la discrecionalidad en el gasto".