Editorial
Guelaguetza bajo sitio
Oaxaca enfrenta hoy un día particularmente difícil, con el empecinamiento del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz de celebrar, en medio del incendio social y político que persiste en la entidad, una Guelaguetza de acarreados y a resguardo del cerco de fuerzas policiales y militares. De esta manera, las autoridades estatales suman un agravio más a los innumerables que han cometido contra la sociedad oaxaqueña: expropiar, para uso exclusivo de la foto oficial y como supuesta prueba de "armonía" y "paz" en la entidad, una celebración popular y convertirla en un instrumento -inútil, por cierto- de promoción personal del impugnado gobernador.
Ambos bandos -el de Ruiz Ortiz y el de las dos vertientes del movimiento opositor, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)- han externado sus propósitos de desarrollar sus respectivas actividades de manera pacífica, y cabe esperar que lo consigan. Pero, en un clima social tan polarizado como el oaxaqueño, el riesgo de la confrontación no puede descartarse.
Es deseable, desde luego, que la jornada de hoy transcurra sin violencia, a pesar de la evidente provocación oficial. Pero incluso si ese objetivo se logra, mañana el conflicto oaxaqueño va a estar allí, vivo e irresuelto, y ni el gobierno estatal ni el federal han exhibido la menor muestra de voluntad para resolverlo. Ruiz Ortiz ni siquiera reconoce su existencia y el calderonismo manifiesta, por conducto de la Secretaría de Gobernación, su decisión de "mantenerse al margen", pese a que con ello abandona varias de sus responsabilidades legales, como procurar justicia en los casos de atropellos a los derechos humanos ya cometidos y tomar las providencias para evitar que se repitan en los días y meses próximos.
En lo inmediato, el Ejecutivo federal tendría que sacar a los efectivos pertenecientes a la 28 Zona Militar que refuerzan a las corporaciones policiales estatal y municipal, a fin de evitar que las fuerzas armadas puedan verse involucradas en actos represivos contra la población.
En un sentido más amplio, el conflicto oaxaqueño no sólo demanda atención a los agravios recientes, sino también acciones concretas dirigidas a las raíces de la protesta social: combate a la miseria y a la marginación, cese del respaldo oficial a la mafia que se mantiene como dueña del SNTE y deslinde inequívoco ante los cacicazgos corruptos que asfixian a los oaxaqueños.
Pero Ruiz Ortiz se empeña en construir, dentro de una burbuja de retenes y dispositivos de seguridad, una realidad aparte y distante de la que vive Oaxaca en el momento presente, y en Los Pinos no hay, más allá de previsiones represivas y medidas de administración de la crisis y de control de daños, una concepción clara de la conflictiva oaxaqueña, y mucho menos un programa para empezar a desactivarla.
Más temprano que tarde, el actual gobierno tendrá que abrir los ojos ante el problema y admitir que éste no se resolverá con el simple procedimiento de afirmar que no existe, y mucho menos reprimiendo sus manifestaciones. De otra manera, los propios acontecimientos se encargarán de demostrar que la confrontación oaxaqueña es un asunto que concierne al país entero.