ONG denunciaron ataques de hace una década a indios
La CIDH pide pruebas de violación de derechos por el Estado mexicano
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 19 de julio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió elementos de prueba para iniciar un proceso contra el Estado mexicano por violación de garantías, contrainsurgencia y ataques de paramilitares a indígenas de la zona norte de Chiapas, entre 1995 y 1999.
Durante la sesión pública celebrada el pasado miércoles en Washington, trasmitida en vivo por medio de su página electrónica, la CIDH pidió a los representantes de los gobiernos de Chiapas y federal, así como al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas elementos que permitan determinar si se abre proceso en torno a la presunta política contrainsurgente denunciada por esta organización no gubernamental (ONG).
En sesiones pasadas, ese centro presentó la petición de apertura de caso en contra del Estado mexicano, por considerar que se violaron derechos humanos de choles de los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla y Yajalón, por acciones implementadas con la participación activa del grupo de civiles armados Paz y Justicia.
Dentro de la petición 1121-04, la ONG argumentó que de 1995 a 1999 se cometieron en dichos municipios 122 asesinatos de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); más de 12 años después ninguno de esos casos ha sido resuelto, ni los presuntos culpables sentenciados.
En la petición se tomaron ocho casos como muestra de los 122 crímenes: los asesinatos de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Díaz, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Pérez Peñate, así como las desapariciones forzadas de Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arcos Guzmán.
"Todos estos crímenes (fueron) cometidos por el grupo paramilitar Paz y Justicia en diversas fechas y lugares de la zona norte de Chiapas, en el contexto de desplazamientos forzados. Sumaron en total 37 desapariciones y 85 ejecuciones."
La ONG sostuvo que existen elementos suficientes para suponer que estas acciones del grupo paramilitar fueron parte de una guerra contrainsurgente del Ejército Mexicano para acabar con las células del EZLN.
Pidió a la CIDH declarar admisible el caso en contra del Estado mexicano, por ser responsable de violaciones a los derechos humanos.
A la sesión asistió en representación del Estado mexicano, y en particular de Chiapas, el fiscal Marcelo Vega Robledo, quien negó que en estos crímenes estuvieran involucrados el Ejército u otra autoridad, y aseguró que se trató de un asunto entre particulares.
Expuso el proceso judicial que guardan los ochos casos particulares mostrados por la ONG, argumentando que si bien no se ha dictado sentencia, ya están detenidos varios presuntos culpables, y se solicitó la aprehensión de algunos más.
En representación del centro humanitario, Itzel Silva Monroy argumentó que hay una clara omisión en la procuración de justicia y existe el riesgo de que los casos sean sobreseídos por los 12 años transcurridos, además de que los ocho procesos expuestos son una muestra, pero hay 114 más, ninguno de los cuales ha sido resuelto.
Ante esas posiciones, Florentín Meléndez, presidente de la CIDH, pidió a las partes presentar en breve mayores pruebas de su argumentación, con el fin de poder determinar si se abre el proceso demandado.