Organizaciones denuncian el aumento de la violencia contra periodistas en el país
México reconoce ante la CIDH dificultades para garantizar la libertad de prensa
Washington, 18 de julio. El gobierno de México reconoció hoy dificultades para garantizar la libertad de prensa en el país, pero en su comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prometió realizar todos los esfuerzos posibles para lograrlo.
"El gobierno reconoce que existen grandes retos para garantizar la libertad de prensa", aseguró Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
El gobierno compareció ante la CIDH a petición de varias asociaciones de defensa de la libertad de prensa, entre ellas Reporteros sin Fronteras, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación y el Colectivo por la Transparencia.
Las organizaciones denunciaron el aumento de la violencia contra periodistas en los años recientes, con 33 reporteros muertos, 11 de ellos en 2007, y siete desaparecidos en siete años. Además, las agresiones se incrementaron de manera extraordinaria: 76 en 2003, 92 en 2004, 93 en 2005 y 131 en 2006.
Las organizaciones denunciaron "el clima de impunidad (existente) al no resolver los casos", y criticaron las, a su juicio, escasas medidas adoptadas por el gobierno. "Es cierto que hubo detenciones, pero algunos salieron en libertad, al menos en cuatro casos", afirmó Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras.
Los peticionarios lamentaron además que la legislación no proteja suficientemente a los periodistas, que la fiscalía especial creada para investigar los crímenes a reporteros no disponga de fondos, que sólo nueve de los 33 casos de asesinato denunciados están siendo investigados por la Procuraduría General de la República y que en 28 entidades mexicanas aún no se hayan reformado las leyes punitivas sobre difamación y calumnia.
El gobierno argumentó que los asesinatos contra periodistas crecen en paralelo a la inseguridad ciudadana en general y a la aparición del crimen organizado en particular. Las organizaciones rechazaron el argumento, recordando que "12 por ciento de las agresiones vienen de servidores públicos, y 24 por ciento de la policía".
Negrín aseguró que sus explicaciones "no significan que el Estado eluda sus responsabilidades", y prometió que "no se escatimarán esfuerzos para esclarecer los asesinatos contra periodistas". Al mismo tiempo, argumentó que "el marco legal garantiza plenamente la libertad de expresión".
Las organizaciones pidieron a la CIDH que visite México para comprobar de primera mano la situación, como ya hizo en otros países del área.
En otro punto, la CIDH ofreció asistencia técnica al gobierno mexicano para la redacción de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, que está en preparación después de que la Suprema Corte rechazó por inconstitucionales varios artículos de la normativa que aprobó el Legislativo.