Estudio de diputados dice que sería 3% del PIB; Hacienda, 1.7%: Estefan Chidiac
Esconde el gobierno el monto real a recaudar con la CETU, acusa el PRI
Crecen las críticas contra el nuevo impuesto; la dependencia defiende el proyecto
En medio del intenso debate contra el paquete fiscal, el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Estefan Chidiac, acusó al gobierno de Felipe Calderón de esconder información sobre el monto real que se recaudaría con una tasa de 16 a 19 por ciento de la contribución empresarial a tasa única (CETU), pues de acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados se obtendrían casi tres puntos adicionales de producto interno bruto (PIB), cuando la Secretaría de Hacienda calculó que sólo sería 1.7 por ciento.
El diputado priísta aseguró que ello permitiría, como han demandado las grandes empresas, reducir la tasa a 12 por ciento, y aseguró que la próxima semana Hacienda deberá entregar las bases para el cálculo de los ingresos "y ahí vamos a ver si nos vieron la cara".
Estefan reconoció que la diferencia de resultados puede deberse no sólo a que el CEFP y Hacienda utilizaron diferentes factores para el cálculo, sino principalmente a que la dependencia pretende crear un "colchón" de recursos, como acostumbra cada año al presentar la ley de ingresos y la miscelánea fiscal.
Además, el director del CEFP, Edgar Nolasco Estudillo, resaltó que el gravamen afectaría la generación de empleo, pues al no permitirse la deducción de las nóminas los empresarios optarían por el despido del personal de base y la contratación o recontratación de trabajadores bajo el régimen de honorarios, para reducir el costo de la tributación.
Y es que, explicó, la CETU no permite hacer deducibles las prestaciones de los trabajadores, las cuotas del IMSS, del Infonavit, los fondos de ahorro transferidos a las Afores, ni las aportaciones voluntarias a los fondos de pensiones y jubilaciones. "Al ser prestaciones que el patrón paga por ley, éste tendría que pagar 19 por ciento" del impuesto, afirmó.
Más aún, el representante de la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales, Marco Antonio Michel, alertó que el gobierno federal pretende gravar los vales de despensa que se otorgan a 5 millones de trabajadores, que en promedio reciben 600 pesos al mes, y los cambian en 40 mil tiendas comerciales. "Esta medida se opone a la tendencia mundial e implicaría tanto como gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) de 19 por ciento a los productos básicos", resaltó.
En contraparte, el jefe de la Unidad de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Manuel Pérez Porrúa, afirmó que la reforma no gravará las prestaciones sociales. "El problema es que los empresarios quieren hacer ver que se les gravará a los trabajadores, cuando en realidad algunas prestaciones ya no serán deducibles para la empresa, pero no se grava al trabajador", dijo.
No obstante, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, aseguró que en la reforma subyace la intención de gravar las prestaciones sociales.
"Y la posición firme de todos los sindicatos, en un gran frente nacional, es no permitir trastocar las prestaciones que ya tenemos. Si se quiere imputar un gravamen a éstas, aquí no pasa", advirtió.
Impuesto inconstitucional: PRD
El diputado Juan Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que para incrementar la recaudación no se requiere aplicar un impuesto de control sino eliminar los privilegios fiscales.
Incluso, un estudio de la bancada perredista señala que la CETU es una copia del denominado flat tax aplicado en Estados Unidos, que pretende imponerse en México con una misma tasa aplicable a los niveles más altos y los de más bajos ingresos, lo cual no sólo es inconstitucional sino que mantendría el castigo para los pequeños contribuyentes y los trabajadores, que pagan el impuesto sobre la renta (ISR) mediante la nómina.
La conclusión de la bancada perredista es que la intención del gobierno de Felipe Calderón es desaparecer el ISR en los próximos tres años, periodo de transición en el que operará el aumento de la tasa de la CETU, para que el impuesto de control sea el único aplicable.
Por eso, señala, la insistencia de los grandes empresarios por reducir la tasa de la CETU y agregarle exenciones, pues no sólo será más bajo el monto que actualmente se paga por ISR, sino que éste se reduciría aún más al acreditar las deducciones.
Ante el alud de críticas, Pérez Porrúa aseguró que en el gobierno federal "no esperamos que nos aplaudieran por poner un impuesto", y dijo que si bien se espera una serie de amparos contra la contribución empresarial, la propuesta "está blindada".
Aseguró que tanto la Procuraduría Fiscal como la Unidad de Legislación Tributaria de la subsecretaría de Ingresos realizaron un análisis "muy profundo" de cada uno de los artículos de la iniciativa de ley, así como de la exposición de motivos para corroborar las tesis de los tribunales y verificar "que pasaban la prueba de los amparos".
Sin embargo, en una segunda ronda de opiniones del sector empresarial, Pedro Guillén, representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, exigió a los diputados no aprobar la iniciativa de ley de la CETU porque, advirtió, ellos serán parte en los juicios de amparo que los empresarios presenten si se aplica el impuesto.
Aseguró que se trata de una contribución "intimidatoria", porque pretende afectar a los factores de la producción, es decir, al capital y el trabajo, "y esto merece una reflexión" de los legisladores.
Molesto porque nuevamente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió reducir a 12 por ciento la tasa de CETU, el diputado Manuel Minjares -de los cercanos a Felipe Calderón- exigió a los empresarios definir de qué lado están.
"Si se tumba la propuesta o se convence a los diputados de que no es viable, habría que decirlo. Si el CCE está de acuerdo con la propuesta del Frente Amplio Progresista, ¡díganlo!, y lo tomamos en seria consideración. Si al final del sexenio nos vemos en una crisis por un déficit de ingresos tributarios, la medida que nos proponen ahora, que es como de ponernos a dieta, entonces será una cirugía, y la medicina será más dolorosa".