Nos siguen pegando abajo

Hay un empuje subterráneo en estas tierras de América al que que no consiguen detener las incesantes oleadas de saqueo, represión y explotación a escala genocida que recetan las farmacias del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el dominio político-militar de Washington sobre los gobiernos serviles de la región (con el de México al frente) y los grupos delincuenciales que trafican con la muerte.

El empuje de las resistencias es dinámico, se transforma y adapta, se comprime y ensancha igual que un pulmón. Y pues respira por sí y desde el fondo es que los poderes, con su ilimitada capacidad de corrupción y destrucción, no lo acaban.

En pleno 2007 vemos desapariciones forzadas con la misma impunidad institucional de las anteriores guerras sucias, y asesinatos de inmenso sadismo sexual contra mujeres indígenas; el de Ernestina Ascencio (o Ascención) Rosario ya recibió carpetazo y el calderonato (vía el gobierno de Jalapa) silenció a su familia.

Más reciente y horrendo pero menos conocido es el caso de Adelaida Amayo Aguas, también en Zongolica, Veracruz. El 21 de mayo fue encontrado su cuerpo desnudo con señales de extrema violencia y tortura. Llevaba un cinturón de hombre alrededor del cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo, según denunciaron grupos feministas de Veracruz y Puebla con escasa repercusión mediática. Adelaida, de 38 años, deja cinco hijos. Era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de gestionar proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que preside (es un decir) el ícono panista Luis H. Álvarez.

El hallazgo en julio de las osamentas de Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, dos más de los choles ejecutados a fines de 2006 en Nuevo Velasco Suárez, Chiapas, confirma la responsabilidad en el asesinato de al menos seis indígenas por parte de la comunidad lacandona, el grupo paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y la Seguridad Pública del estado, la cual habría participado en los hechos con 300 elementos, según denuncias reiteradas estos días por los organismo de derechos humanos.

Hasta la víspera, el gobierno chiapaneco sostenía cínicamente que los desaparecidos (faltan otros dos: Mariano Pérez Guzmán y Juan Peñate Montejo) "andaban de jornaleros en el norte", mientras mantiene injustamente preso a Diego Arcos Meneses, ejidatario de Nuevo Tila, quien acudió a auxiliar a los indígenas agredidos y a él sí lo detuvieron los eficientes policías. Todo, para enmascarar la apropiación definitiva de Montes Azules y el rediseño de la estrategia militar en la selva Lacandona y la zona Norte.

El país militarizado produce mujeres violadas en Michoacán, niños liquidados a tiros en retenes del Ejército federal en Sinaloa, secuestros de dirigentes indígenas y ataques paramilitares en las sierras de Oaxaca (Xanica, Aloapam, San Juan Copala), desalojo violento, tortura y cárcel bajo cargos falsos a nahuas de la Huasteca veracruzana por atreverse a recuperar parte de las tierras que les pertenecen legítimamente. Y estos son sólo algunos de los "casos" ocurridos en las últimas semanas.

Festín allá arriba de los Mouriño, los hijos de Hank, los Salinas de Gortari, los Marín, los Ruiz Ortiz, los Peña Nieto, los Yunes, los Fernández de Cevallos, los Azcárraga, los Hernández, los Zambrano, los Bribiesca y sus contlapaches en las redes de tráfico de la droga, la pederastia, las armas y los dólares "lavados". Aderezan su festín con el fraude electoral y financiero, el saqueo de tierras, playas, ríos, minas, y las "necesarias" destrucciones (moral de la educación pública, químico-biológica del maíz nativo, fiscal de Pemex, y en general de lo que apuntale la decadente soberanía nacional). El descaro.

Pero los de abajo, por más que les sigan pegando, están de pie, se organizan y resisten en México, Brasil, Bolivia. Un poco de todo ese empuje subterráneo encontrará en este número el lector de Ojarasca.