Los pueblos aquí reunidos nos enfrentamos a un modelo de desarrollo que privilegia los intereses de grandes empresarios por encima de los intereses colectivos de la población. Vemos con preocupación cómo la riqueza de nuestros pueblos, que se encuentra en nuestros territorios, es saqueada por empresas nacionales y transnacionales, como en el caso de los compañeros del Carrizalillo que enfrentaron a la minera canadiense Luismin que buscaba enriquecerse del oro de sus tierras sin ningún beneficio para las comunidades. De igual manera, cosas tan fundamentales para nuestra sobrevivencia como el agua, quieren privatizarla para el beneficio de unos cuántos.

La nueva administración de Felipe Calderón no tiene ningún interés por los derechos humanos, y de los pueblos indígenas y campesinos. Vemos que seguirá promoviendo un modelo de desarrollo globalizador, privatizando las tierras y los recursos, aumentando el libre comercio, empobreciendo más el campo mexicano y dejando a los pueblos sin otra opción más que la migración para sobrevivir. El gobernador Zeferino Torreblanca apoya abiertamente las políticas económicas y sociales del nuevo gobierno, y ha encontrado en Calderón un aliado para impulsar sus intereses. Tal es el caso de la presa hidroeléctrica La Parota, apoyada abiertamente por el gobernador, y donde los compañeros del CECOP han luchado durante cuatro años para detener su construcción.

Por otro lado, vemos con alarma cómo el gobierno ha aumentado la presencia del Ejército federal en las calles y en nuestras comunidades en el supuesto de combatir el narcotráfico, pero como una estrategia para controlar y criminalizar la protesta y los movimientos sociales. Las graves violaciones a los derechos humanos de la población por parte del Ejército han aumentado más que nunca, y se mantiene el fuero militar que permite que estas permanezcan en total impunidad. La militarización de los territorios indígenas, como en el caso del municipio de Ayutla, continúa siendo uno de los principales problemas para los pueblos mixtecos y tlapanecos, que aún esperan justicia por la masacre de El Charco el 7 de junio de 1998 y el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por miembros del Ejército en el 2002.

La persecución hacia los que defendemos nuestros derechos se ha incrementado. Los compañeros del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Mephaa Bathaa, que luchan por el reconocimiento de su cultura y identidad como pueblos y por el derecho a la educación en su lengua, se han enfrentado a órdenes de aprensión en su contra. El Comité de Bienes Comunales de Xochistlahuaca-Radio Ñomdaa, sigue siendo hostigado con el fin de debilitar a sus autoridades tradicionales y clausurar su radio comunitaria, La Palabra del Agua.

Los pueblos indígenas siguen luchando por el respeto a sus derechos fundamentales y el derecho a ejercer sus sistemas normativos. El Sistema de Seguridad y Justicia de la Costa Montaña cumple doce años de lucha por el respeto a sus sistemas normativos propios como pueblos mixtecos y tlapanecos, demostrando su efectividad y luchando en contra de un gobierno que busca incorporarlos al sistema oficial para debilitarlos.

Frente a este panorama, los pueblos y comunidades vemos que tenemos que seguir luchando por construir un modelo de desarrollo alternativo que respete nuestros territorios y recursos naturales, vele por nuestros intereses y por el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas, y garantice opciones dignas que nos permitan seguir en nuestras tierras sin tener que migrar.

Tenemos que unir nuestras luchas y para ello anunciamos la creación de la Coordinación Estatal por la Defensa del Territorio (CEDT), con la finalidad de unirnos en una sola resistencia que sea estratégica y muestre a los gobiernos federal y estatal la fuerza de los pueblos y comunidades de Guerrero.
 

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP); Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo; Bienes comunales de Xochistlahuaca-Radio Ñomdaa; Organización Independiente del Pueblo Mixteco; Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Mephaa Bathaa; Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco; Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán; Consejo Ciudadano de Chilapa; Comité Regional de Defensa de Derechos Humanos José Maria Morelos y Pavón; Consejo de Jornaleros de la Montaña de Guerrero; Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Centro de los Derechos del Migrante; Consejo Regional Mephaa; comunidades campesinas e indígenas de Xalpatlahuac, Tlapa, Olinalá, Chilapa, Ayutla, Petatlán, Tierra Caliente, San Luis Acatlán, Atlixtac, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte, Metlatonoc, Malinaltepec, Huamuxtiltla, Iliatenco, Acatepec, Xochistlalhuaca, Eduardo Neri y Acapulco; SIPAZ y Brigadas Internacionales de Paz.