Confusiones
El caso de los presuntos sabotajes a la infraestructura de Petróleos Mexicanos en Guanajuato y Querétaro encierra alta complejidad. El asunto reintroduce el factor de la violencia en sus dos variables: estatal y revolucionaria. Se ha manejado que los sabotajes fueron en respuesta al reinicio de la guerra sucia gubernamental, expresada concretamente en las prácticas sistemáticas de la tortura, las detenciones-desapariciones, el paramilitarismo y la toma de rehenes (hermanos Cerezo). En sendos comunicados, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se adjudicó los sabotajes, en lo que dijo que era el inicio de una "campaña nacional de hostigamiento" a los "intereses económicos" de la oligarquía (considerados "objetivo militar") y el gobierno "antipopular" e "ilegítimo" de Felipe Calderón. Asimismo, tras anunciar que habrá más acciones "quirúrgicas", calificó de "fascista" al régimen de Ulises Ruiz en Oaxaca y lo hizo responsable de la detención-desaparición de dos de sus compañeros el 25 de mayo último, acción en la que involucró a los coordinadores regionales de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI).
De acuerdo con sus propios comunicados e información difundida por los servicios de inteligencia oficiales, el EPR tiene una estructura celular y un funcionamiento clandestino con base en la compartimentación y una disciplina estricta, y sigue lineamientos ofensivos de la guerra popular prolongada que combina con acciones de autodefensa armada. Sabotajes como los que reivindicó pueden perseguir fines de agitación política o responder a necesidades de táctica militar. En general, para cometer un sabotaje político destructivo, una organización armada mide los resultados a fin de evitar que los efectos de la deformación propagandística del enemigo los tornen negativos. Y pone cuidado en evitar el cierre de fuentes de trabajo. A su vez, un sabotaje militar está condicionado por razones exclusivamente militares.
El vicealmirante Wilfrido Robledo, ex director de la PFP y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), declaró estos días que los miembros del EPR son "profesionales" de la clandestinidad y en el manejo de explosivos. Con base en los peritajes iniciales, la Procuraduría General de la República (PGR) sugirió el uso de un mismo patrón en los sabotajes, donde habría sido utilizado un gel explosivo plástico (hidrogel), identificado como RXL-788. La PGR filtró a los medios un presunto manual del EPR sobre el uso de esa emulsión explosiva. Según un líder petrolero de la refinería de Salamanca, los blancos de los sabotajes fueron bien elegidos y manejados por "manos expertas".
Una primera pregunta es si el EPR estuvo en condiciones de obtener información delicada sobre la infraestructura de Pemex y capacidad militar y logística para afectar la dotación de combustibles en el corredor industrial Guadalajara-Querétaro, en el Bajío, con los daños colaterales difundidos. De ser así, el EPR habría dado un salto cualitativo y reflejaría mayor capacidad de fuego y organización. Al mismo tiempo, haber operado en dos estados del centro del país, Guanajuato y Querétaro, alejados de su zona de influencia (Oaxaca, Guerrero, Chiapas), hablaría de una expansión territorial de la guerrilla. A lo que se suma, en el plano simbólico, que se trata de dos entidades mochas y cunas de El Yunque.
Quedan otras preguntas: ¿por qué Pemex? ¿Por qué, si los saboteadores tuvieron la capacidad que las autoridades parecen adjudicarle, no eligieron como blanco algún corporativo de los plutócratas mexicanos que integran el grupo Forbes de megamillonarios? ¿Por qué no golpearon los intereses económicos de algún integrante de la "odiada" clase política, de algún góber precioso o de algún sátrapa oaxaqueño, lugar donde secuestraron-desaparecieron a los militantes del EPR y que hubieran sido objetivos mejor entendidos por las clases populares?
Está claro que la lógica y los tiempos de un grupo insurgente no son los mismos que los de una organización política o social legal y pacífica. Pero interrogantes como ésas tal vez alimenten cuestionamientos como los de Andrés Manuel López Obrador y Luis Javier Garrido, que apuntan en la dirección de un autoatentado o la fabricación de una acción encubierta del régimen con fines diversionistas. ¿Por qué tardó cuatro días en informar el gobierno? ¿Por qué, con la información de los peritajes del 5 de julio (fecha del primer sabotaje), no entró en acción la sexta Brigada de Infantería Ligera del Ejército Mexicano, lista para contrarrestar cualquier "acto subversivo"? ¿Por qué no reaccionaron los grupos de elite entrenados en tácticas de contrainsurgencia y labores de inteligencia de la PFP, la AFI y el Cisen? ¿Falló la red de espionaje y monitoreo montada por el comandante de la octava región militar con sede en Ixcotel, general Oropeza Garcina, presunto autor de la detención-desaparición de los dos milicianos del EPR? ¿Por qué hasta después de los sabotajes del día 10 y los comunicados del EPR, el comandante en jefe Felipe Calderón ordenó movilizar las unidades del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal creado por la Secretaría de la Defensa Nacional en mayo pasado?
Más allá de la autoría de los sabotajes, es evidente que el gobierno intentó capitalizar políticamente los hechos de la coyuntura con acciones de guerra sicológica. Mediante la siembra de propaganda blanca, gris y negra en los medios de difusión bajo control monopólico, a través de plumas afines al sistema, se volvieron a restablecer los rocambolescos nexos entre EPR-EZLN-Tláhuac-Atenco-APPO-Zetas-narcos-FARC-armas venezolanas-PRD-AMLO-resistencia civil pacífica. ¿Qué sigue? ¿La puesta en circulación y machacamiento mediático de la palabra de culto de la agenda Bush, el "terrorismo"? O de la mano del narcoterrorismo, ¿la colombianización del país? ¿El Plan México made in USA? ¿La ley marcial? ¿El terrorismo de Estado?