Usted está aquí: domingo 15 de julio de 2007 Capital Reglamentar protestas es un acto amenazador: juristas

Se debe defender la libertad de expresión, dicen

Reglamentar protestas es un acto amenazador: juristas

GABRIEL LEON ZARAGOZA

La intención de regular las marchas y protestas callejeras que expresan funcionarios federales y diputados locales del Distrito Federal es "una medida contraria a la naturaleza misma y al objeto de las protestas sociales, además de que constituirían un acto amenazador y presuntivo de trasgresión a la democracia, al constitucionalismo social y a la libertad de expresión popular", consideró la Unión de Juristas de México.

En un análisis sobre el tema, la agrupación de defensores refiere que la libertad de expresión es un derecho político que se concreta al practicarlo y el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de ese derecho, "pero si por el contrario la autoridad es omisa en sus deberes, protege la impunidad y el abuso, entonces más justificable es aún la protesta, la resistencia y desobediencia popular".

Consecuencia de estas restricciones, ejemplifica, son las protestas que realizan los pueblos de Oaxaca, agrupados en la APPO, en contra del "gobierno tirano" de Ulises Ruiz, y la de los trabajadores al servicio del Estado en contra de la nueva Ley del ISSSTE, "que conculca sus derechos laborales y de seguridad social adquiridos".

Puntualiza que a diferencia de las 31 entidades federales de la República, la ciudad de México concentra el mayor número de operaciones políticas, económicas, financieras y culturales del país, es sede de los poderes federales, concentra y centraliza la mayor parte de la administración pública federal y más del 80 por ciento de las protestas que se realizan en esta capital tiene lugar en contra de los actos y políticas del gobierno federal.

Ante esta realidad que se vive en la capital del país, "es totalmente consecuente y apreciable la política de la administración local, como gobierno orientado a la izquierda, que permite y tolere la libre manifestación", se destaca.

En el documento, el presidente de la asociación civil, Eduardo Miranda, sostiene que aunque a veces los habitantes y visitantes de la megaurbe nacional "lleguemos tarde y enfadados a nuestros quehaceres", se debe ser consecuente con la libertad de expresión, toda vez que se trata de un derecho constitucional al que la sociedad se acoge "por absoluta necesidad de hacer escuchar su palabra y exigir la solución a sus demandas".

Manifiesta que la libertad de expresión es una de las garantías sociales e individuales en materia de derechos individuales, políticos y civiles, reconocidas por las leyes mexicanas y los tratados y convenios internacionales, signado por el Estado mexicano.

De igual forma, emitió un "¡ya basta!" al Partido de la Revolución Democrática, instituto político al que le recordó que "no puede ni debe ser comparsa de los gobiernos neoliberales del PAN y del PRI, porque la construcción de la equidad social no es un problema de sumas o restas, sino de proyección histórica sobre el régimen de gobierno que tenemos y el que queremos: totalitarismo fascista o democracia plena para todos, no hay medias tintas".

 
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