Exigen un pronunciamiento "público y claro" de Felipe Calderón sobre el caso
Corresponde al Presidente garantizar que Echeverría no quede impune: ONG
Si no se castiga al ex mandatario México no podrá jactarse de ser democrático, señalan
El amparo otorgado al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, que lo exculpa de su responsabilidad en la matanza del 2 de octubre de 1968, demuestra que en México el sistema de justicia es incapaz de castigar a los responsables de crímenes del pasado, aseguraron defensores de derechos humanos.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la decisión del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano -en la que concluye que el ex mandatario no podrá ser juzgado por esos hechos- comprueba que la justicia mexicana "es poco eficiente", y exigió al presidente Felipe Calderón que asuma su responsabilidad para que no quede impune la matanza de estudiantes.
"Esperamos una respuesta del gobierno federal para que se termine la impunidad en que se encuentran esos hechos. Es necesario un pronunciamiento claro y público de Calderón, pues de no hacerlo no se garantizarán las condiciones mínimas para que México sea un país democrático, apegado a los derechos humanos."
El activista aseguró que si bien la resolución judicial "no es definitiva", debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) interpondrá un recurso de revisión, la coyuntura puede ocasionar que los responsables "queden en la impunidad", aunque confió en que esto no ocurra.
Indicó que es "urgente" que el Estado mexicano garantice justicia en los crímenes del pasado, lo que incluye "esclarecer los hechos, identificar y castigar a los responsables, reparar el daño a las víctimas y familiares y, sobre todo, adoptar medidas para que esto no se repita".
Por separado, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, subrayó que las instituciones mexicanas tiene la obligación de castigar a los responsables de la matanza, aunque en el caso de Echeverría "se aplicó la legalidad por encima de la justicia".
Luego la resolución de Luna Altamirano, "el Estado mexicano, sobre todo el Poder Judicial, se ha vuelto cómplice por imposibilitar y negar a las víctimas de esos hechos, y a la sociedad en general, el derecho a conocer la verdad y castigar a los responsables (...) Lo menos que debe hacer la PGR es impugnar, aunque pareciera que el Estado quiere otorgar una especie de amnistía de facto" a los autores de los crímenes.
Ambos activistas coincidieron en que se han cerrado las posibilidades de acceder a la justicia en México, por lo que el caso podría turnarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "como última instancia" para lograr que se sancione a los responsables.
El Poder Judicial, "mandadero"
En Colima, el presidente del Comité de Derechos Humanos de la entidad, Efraín Naranjo Cortés, afirmó que el amparo otorgado a Echeverría demuestra una vez más que el Poder Judicial es un "mandadero" del Ejecutivo, además de que vulnera la esperanza de miles de personas que exigen justicia por la masacre del 68.
El ombudsman local señaló que históricamente el Poder Judicial ha sido "apéndice" del Ejecutivo, porque recibe órdenes del presidente en turno, e indicó que a partir del año 2000, con Vicente Fox en la Presidencia, panistas y priístas se aliaron para evitar que se castigue a los responsables de la matanza de estudiantes y de las desapariciones forzadas de la llamada guerra sucia.
"El magistrado (Luna Altamirano) decidió continuar con la impunidad y otorgarle un amparo a Luis Echeverría para que no sea juzgado por genocidio, pese a que hubo muchos estudiantes muertos y de que todos los mexicanos sabemos que el Ejército recibió órdenes del Poder Ejecutivo", enfatizó.
El ombudsman local dijo que un grave problema en México es que la gente no se manifiesta de manera organizada para presionar a los tres poderes de la Unión y castigue a los responsables del genocidio del 68, las desapariciones forzadas del 71 y de otros abusos cometidos, y resaltó que en países como Chile y Perú sí se procesa a los ex presidentes por acciones de lesa humanidad, como es el caso del ex mandatario peruano Alberto Fujimori, detenido en el primer país.