Reclama heredero $470 millones que fueron recaudados por patronato de Yucatán
Arrecia la pugna entre el gobierno y el dueño del predio que ocupa Chichén Itzá
En 2003 Fernando Barbachano propuso al gobernador Patrón Laviada finiquitar el asunto mediante una venta simbólica
El metro cuadrado, a valor catastral, se cotiza en siete pesos
Mérida, Yuc., 12 de julio. En 2003 el empresario Fernando Barbachano Gómez-Rul se entrevistó con el gobernador Patricio Patrón Laviada y le propuso finiquitar, mediante una venta simbólica, el lío por la propiedad legal donde se asienta la zona arqueológica de Chichén Itzá.
-Le vendo mi propiedad en un peso, no quiero ni expropiación ni regalarla, en un peso nada más -sostuvo, en su momento, Barbachano Gómez-Rul.
No hubo respuesta del mandatario, el panista Patrón Laviada. El presunto argumento vertido por el titular del Poder Ejecutivo de Yucatán fue que la Federación se haría cargo de todo el procedimiento.
Y de allí comenzó la pugna y el litigio que hoy llama la atención pública porque los representantes legales del empresario, quien falleció en diciembre de 2006, reclaman 470 millones de pesos que el Patronato Cultur estatal ha cobrado ''ilegalmente", en los recientes seis años, por concepto de entrada al sitio prehispánico... pero no en cualquier acceso. Esto es, en parte, el fundamento del conflicto.
Amparo ganado por los Barbachano
Según Gabriel Abdala Berzunza, quien fue defensor legal de Barbachano Gómez-Rul, a raíz del conflicto en 2003 se interpuso una demanda de amparo que, un año después, se ganó.
En la querella ganada por el empresario se establecen seis puntos primordiales: 1. Reconocimiento a la propiedad del empresario; 2. Que la nación administre el sitio arqueológico (Chichén Itzá); 3. Que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se encargue de cuidar los monumentos prehispánicos; 4. El INAH se encargará de cobrar los derechos por entrada; 5. Se niega al Patronato Cultur cobrar la entrada a los visitantes por el segundo acceso, o sea, por la parte trasera que colinda con el hotel Mayaland, propiedad de la familia Barbachano, y 6. Fernando Barbachano Gómez-Rul cobrará los ''frutos civiles" o las ganancias que, en su caso, reciba el Patronato Cultur por la entrada de visitantes en el rumbo de Mayaland.
De tal manera, mediante la vía legal, se imposibilitó al Patronato Cultur para cobrar la entrada por la puerta trasera de la zona arqueológica; no obstante, el organismo dependiente del Ejecutivo estatal ignoró la resolución judicial e instaló una taquilla, además de la que tiene en la puerta principal de Chichén Itzá.
Abdala Berzunza explicó que su fallecido cliente es propietario del tablaje catastral 32-32, con una extensión de 60 hectáreas, la cual se integra por el Castillo de Kululcán -designada una de las nuevas siete maravillas del mundo- y el juego de pelota, el más antiguo de las culturas indígenas prehispánicas de la antigua Mesoamérica.
Sin embargo, el observatorio y el caracol, otros de los emblemáticos monumentos de Chichén Itzá, no forman parte del tablaje catastral.
Ambición y dinero
En el Registro Público de la Propiedad de Yucatán, las 60 hectáreas de la familia Barbachano en Chichén Itzá están a nombre, actualmente, de Hans Jurgen Thies Barbachano, nieto del fallecido empresario. Y para rematar, según el cálculo catastral, el metro cuadrado del terreno se cotiza a siete pesos.
En 1944, Fernando Barbachano Peón adquirió el terreno que, muchos años después, sería objeto de un conflicto entre una familia de empresarios, la Federación, el INAH y el gobierno estatal.
Posteriormente, el dueño heredó la propiedad a su hijo Barbachano Gómez-Rul y éste, a su vez, a su nieto Thies Barbachano.
El caso es que los herederos de esta familia yucateca reclaman el dinero que, supuestamente, Cultur ha recabado en los recientes seis años durante la administración panista de Patricio Patrón Laviada por el acceso de visitantes, exclusivamente, en la segunda entrada donde se ubica el hotel Mayaland, propiedad de los empresarios.
Según fuentes de Cultur, las cuales pidieron el anonimato, el gobierno federal estaba dispuesto a terminar el conflicto mediante un depósito de 8 millones de pesos por la compra de los terrenos de la familia Barbachano y, a cambio, los reclamantes se desistirían de su demanda por los 470 millones de pesos, sólo por concepto de entradas.
Ahora la ambición y el dinero parecen haber radicalizado la postura de los descendientes de Fernando Barbachano Gómez-Rul. Y, entonces, surge la interrogante: ¿por qué el gobernador de Yucatán no aceptó la propuesta de que, a cambio de un devaluado peso, las 60 hectáreas del tablaje catastral pasaran en definitiva a poder de la nación? ¿Sabrá la respuesta Kukulcán (Serpiente Emplumada), sempiterno dios de la civilización maya?