El gobernador tiene una enorme responsabilidad en la crisis: Diódoro Carrasco
APPO entrega a diputados pruebas de los ilícitos cometidos por Ulises Ruiz
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados definió que las pruebas entregadas ayer por representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se integrarán al expediente de la demanda de juicio político en contra del gobernador de ese estado Ulises Ruiz Ortiz. El presidente de ese órgano legislativo, Diódoro Carrasco Altamirano, aseguró además que el mandatario estatal "tiene una enorme responsabilidad" de que "asuntos tan delicados", como la confrontación en la entidad, no se hayan resuelto.
Además, la diputación perredista exigió a la subcomisión de examen previo -que presiden Carrasco Altamirano y el priísta César Camacho Quiroz- determinen si ha lugar al juicio de procedencia en contra de Ruiz Ortiz, pues desde el 26 de octubre que se presentó la demanda de juicio político han transcurrido 229 días y el asunto está congelado.
Este jueves, la Comisión de Gobernación recibió a integrantes de la APPO, que entregaron un paquete de discos compactos con más pruebas en contra del gobernador oaxaqueño y el PRD a su vez ratificó su demanda y presentó un escrito en el que se señala que en ese lapso en Oaxaca han ocurrido más de 27 homicidios contra integrantes del movimiento social y se han ocasionado heridas a decenas de ciudadanos oaxaqueños, reporteros, la detención de 700 personas, pérdidas por más de 400 millones de pesos para hoteleros y restauranteros y se privó de la educación a un millón de niños.
Germán Mendoza Nube, concejal de la APPO, informó que ayer entregaron "suficientes y demasiadas" pruebas en contra de Ruiz Ortiz para que proceda "de manera prioritaria" el juicio político en su contra. Entre esos elementos, señaló, destacan los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instancias internacionales, documentos, fotografías en los que se demuestran "las características de la represión, violaciones al debido proceso, torturas y demás violaciones a las garantías fundamentales de los oaxaqueños".
El día 30, una resolución
Mendoza Nube señaló que Carrasco Altamirano se comprometió a que el próximo 30 de julio, durante la sesión del pleno de esa subcomisión, se presentará una resolución en torno a la solicitud de juicio político. El profesor no confió en la "buena voluntad política" por lo que advirtió que esta decisión "es la última oportunidad para que las instituciones demuestren ser eficientes y oportunas y con ello evitar la violencia", ya que de lo contrario se acudiría a las instancias internacionales.
En el texto entregado a los representantes de la subcomisión de examen previo, se destaca que: "estos son los números de un conflicto social originado por la falta de sensibilidad y talento de la administración estatal. Reflejan las violaciones a las garantías fundamentales de seguridad jurídica, de impartición de justicia, de legalidad, de debido proceso, de libre asociación, de manifestación, de tránsito, a la vida y a la libertad".
La representación perredista consideró que las pruebas integradas al expediente "son elementos suficientes" para admitir la procedencia de la denuncia de juicio político y para que la subcomisión de examen previo turne el caso a la sección instructora, que a 10 meses de iniciada la legislatura aún no se integra.
También plantea que la subcomisión debe cumplir con la normatividad aplicable al gobernador oaxaqueño, al que se debe "deponer" para que pueda ser sometido a un proceso legal "por el operativo de Estado montado en contra de ciudadanos que no comparten su visión de gobierno y por ello han sido amenazados, perseguidos, torturados, golpeados, encarcelados, desaparecidos y asesinados".
En el contexto de la reunión, los representantes de la APPO reiteraron que ejercerán un boicot en contra de la Guelaguetza los días 23 y 30 de julio. Ante ello, Carrasco Altamirano resaltó que al reactivarse las acciones del movimiento popular "volverá a generarse un clima de tensión que a nadie conviene. Hay un conflicto no resuelto y hay que empeñarse para hacerlo".
Por otro lado, el concejal de la APPO informó que el plantón que representantes del movimiento oaxaqueño mantenían desde el pasado 9 de octubre a las afueras del Senado de la República, en la ciudad de México, se trasladará a la sede del ISSSTE, "debido a que se ha cumplido el objetivo y ahora vamos a una sola fuerza nacional que se oponga a los intereses neoliberales".