Presentan informe especial grupos internacionales
Impunes en México, asesinatos de defensores de derechos humanos
En México los defensores de las garantías fundamentales continúan siendo asesinados, perseguidos, detenidos arbitrariamente, hostigados y amenazados, se advierte en el más reciente informe del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto entre la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Comité Mundial contra la Tortura (CMCT).
En el documento se denuncia la "difícil" situación que enfrentan en todo el mundo, durante el ejercicio de su labor, mil 311 defensores.
En el caso de México, el observatorio revela que durante el pasado año han ocurrido tres asesinatos y una tentativa de homicidio contra activistas, casos que siguen sin ser resueltos por la justicia; tres activistas fueron detenidos arbitrariamente y hubo nueve casos generales de amenazas de muerte y hostigamiento.
En torno a las amenazas, persecuciones y hostigamientos en contra de defensores de derechos humanos, el análisis hace énfasis en el caso del conflicto en Oaxaca: señala que al menos ocho activistas sufrieron una o varias de esas prácticas durante el conflicto en esa entidad.
Sobre los asesinatos, la FIDH y el CMCT afirman que aunque el caso de la defensora Digna Ochoa y Plácido se suscitó en 2001, su asesinato continúa impune, pues a finales del año pasado "todas las pruebas proporcionadas por los expertos en el curso de la nueva investigación concluyeron que se trataba de un homicidio y no de un suicidio", como fue la primera tesis de las autoridades.
Destacan que otro crimen que continúa sin ser resuelto es el de Octavio Acuña Rubio, integrante de la Asociación Queretana de Educación para la Sexualidad, quien fue apuñalado en su oficina en junio de 2005 y hasta el cierre del informe "el autor intelectual del asesinato aún no había sido identificado".
Las organizaciones internacionales también retoman el caso de Francisco Concepción Gabino Quiñónez, dirigente indígena opositor a las actividades de la empresa minera italiana Ternium, la cual deseaba explotar minerales de la zona de Peña Colorada, Jalisco. El informe refiere que la investigación sobre la tortura de que fue objeto el activista y su asesinato "fue archivada a finales de 2006".
El documento señala que Gustavo Jiménez Pérez, miembro de Alianza Cívica Chiapas, fue atacado en 2005 y hasta el cierre del informe internacional "no se había iniciado ninguna investigación al respecto, pese a las denuncias interpuestas".
Tres fueron los activistas reportados por el observatorio como detenidos de manera arbitraria: se trata de Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, quien fue acusado de presunto chantaje por el empresario textilero Lucio Gil Zárate.
Los otros dos casos son los de Dámaso Villanueva Ramírez, del Comité Ciudadano para la Defensa Popular, y Mario Alvarez Rodríguez, de la Central Unitaria de Trabajadores de Palenque, ambos adherentes de la otra campaña, quienes fueron acusados de diversos delitos "infundados".
En torno a las denuncias de amenazas, hostigamiento y persecuciones, las organizaciones destacan que Chiapas y Oaxaca son los estados en los que más casos se presentaron: cinco en el primero y ocho en el segundo.
En este último todos los casos de hostigamiento en contra de defensores de derechos humanos se presentaron durante el conflicto social que se vivió en ese estado.
El informe subraya que el 20 de julio de 2006 el domicilio de Alexandre Cruz López, dirigente de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos, fue atacado con bombas molotov.
Dos días después, los domicilios de los entonces integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Enrique Rueda Pacheco y Macario Otalo Padilla fueron atacados de manera similar.
El reporte internacional establece que en agosto fueron detenidos Evangelio Mendoza González y Germán Mendoza Nube, de la sección 22 del SNTE.
Asimismo destaca que se dictaron órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos sección Oaxaca, incluida su presidenta, Yésica Sánchez Maya, y contra Aline Castellanos Jurado, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; además de que las instalaciones de la primera de esas organizaciones fueron atacadas de manera constante por desconocidos.