Inteligencia y seguridad en el PND
Algunos estudiosos han opinado que la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo (PND), como el que se incorporó a la Constitución en el artículo 26, a pesar de su buena voluntad es atentatorio contra el propio sistema federal, ya que se inmiscuye en los espacios que la propia Carta Magna reserva a los estados llamándoles "libres y soberanos" en sus regímenes internos.
Por otro lado está el alegato, avalado por experiencias, de que ese tipo de planes, a pesar de la firmeza de los gobiernos, están sujetos a factores ajenos que los hacen inalcanzables: la relación con la situación económica de los grandes países capitalistas, el mercado de materias primas, la paz interna, la vida democrática de la nación, etcétera. Sin embargo, otras realidades de la vida acreditan que si no hay objetivos y rumbo, si no hay esfuerzos simultáneos y convergentes, difícilmente se logra el fin deseado.
En la preparación del plan, poco o ningún lustre se dio al mandato constitucional de establecer amplios procedimientos y una consulta popular enriquecedora; igual opacidad tuvo la presentación y la difusión de éste. Muy pocos se enteraron, y de esta manera seguimos navegando en una niebla densa. Las acciones de gobierno, sobre todo en lo que atañe a seguridad, parecieran ser un juego a ciegas y desarticulado.
El diseño del documento, basándose en ejes, apartados, objetivos y estrategias, no hace fácil su lectura, comprensiva, y menos su estudio.
En el eje uno, Estado de derecho y seguridad, apartado estado de derecho, hace un diagnóstico contundente con sólo tres palabras que encierran con mucho el origen y desarrollo de nuestros problemas sociales. Son la impunidad, la corrupción y la simulación. Es un reconocimiento y, al mismo tiempo, un compromiso contundente, ya que, si tan claro es el diagnóstico, igualmente diáfanos deberían ser los mecanismos para corregirlos con la firmeza política que fuera necesaria. Cumplir ese simple compromiso convertiría la presente administración en histórica.
Su objetivo de combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva se apoya en estrategias de fuerte contenido retórico, como "fortalecer la coordinación...", "asegurar la transparencia y rendición de...", "procurar la justicia en favor de la víctima...", y "ser más severos contra la violencia de género..."
Para fortalecer el sistema penitenciario presenta también grandes perlas: "modernizar el sistema penitenciario...", "combatir la corrupción al interior de...", "reconstruir mecanismos de caución y readaptación..."
En el delicado tema de información e inteligencia acepta una necesidad que por décadas se ha venido postergando, que es la homologación precisa, confiable y accesible de la inteligencia, y lamenta con justeza que no se cuenta con sistemas homologados a lo largo del territorio entre los distintos niveles de gobierno. Que no hay intercambio fluido y oportuno entre los diferentes actores, y nadie comparte su información. Para ello propone "consolidar el sistema único de información criminal, y generar y coordinar los sistemas de inteligencia del gobierno federal". Es importantísimo señalar que la delicada materia de la contrainteligencia, que conlleva entre otras cosas la penetración de nuestras propias estructuras, ni siquiera es mencionada.
En materia de crimen organizado se entra otra vez en la retórica: "no se debe permitir que ningún estado de la república sea rehén del narcotráfico...", "implementar una política integral que coordine esfuerzos...", "alcanzar estándares internacionales en materia de prevención y combate al lavado de dinero...", "desarticular cadenas delictivas mediante..."
En el apartado de seguridad nacional, como si todo lo anterior no formara parte de ella, cae nuevamente en retórica no sólo vacía, sino anacrónica, como enunciar: "salvaguardar la integridad del territorio y la soberanía de la nación". Es una expresión digna de los años 50, pues no hay hipótesis sustentables de amenaza a la integridad física del territorio y la soberanía de las naciones, en particular de la nuestra, que es un tema más que cuestionable.
Existe un apartado llamado seguridad fronteriza, otra vez como si ésta no fuera parte esencial de la seguridad nacional. No hay explicación sobre este desorden de estructura. En éste, a página seguida de lo comentado, aparece otro desconcertante capítulo, el de la seguridad pública, que plantea en prevención y en una crítica a los cuerpos policiacos, en el cual se anuncia la creación de un cuerpo policial único en el ámbito federal, que "se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos". Uno no puede menos que preguntarse, aunque sea en el campo de las intenciones, ¿entonces qué es la Policía Federal Preventiva?
Como puede verse, independientemente del claro desorden conceptual y estructura complicada del documento, no se aporta nada nuevo. Se recurre a viejas frases y conceptos, se intenta incorporar alguna creatividad y se dejan fuera temas esenciales, como la contrainteligencia y la formación profesional de los actores de la seguridad, que es la única forma de darles eficacia y respetabilidad, para decir lo menos.
Con cuánto interés se esperaba un proyecto esperanzador sobre una situación insostenible e incongruentemente. Al momento de ser publicado se anuncia la asesoría y cooperación que nos darán los gobiernos de Italia y Francia, sin que ello conste en ninguna parte. Una vez más, confusión, improvisación y simulación.