Sus abogados y el panista Döring diseñan reforma constitucional a los artículos 3º, 24 y 130

Busca la Iglesia borrar el concepto de laicismo en la Carta Magna

Propone que el Estado provea educación religiosa en escuelas y beneficiarse vía impuestos

La intención es hacer coherente la ley máxima del país "y no hacer política": Hugo Valdemar

GABRIEL LEON ZARAGOZA

El representante legal de la Arquidiócesis Primada de México, Armando Martínez, afirmó que en el país es importante "que trascendamos de un Estado laicicista a un Estado aconfesional (sin confesión alguna)", al anunciar que la Iglesia católica presentará en breve a los partidos políticos y al Congreso de la Unión "un paquete de reformas" constitucionales a los artículos tercero, 24 y 130, entre otros, de la Carta Magna, con el fin de alcanzar "una verdadera libertad de religión, sin dejar atrás el Estado laico".

Por otra parte, el vocero del arzobispado, Hugo Valdemar, confirmó a La Jornada que está en la agenda de la Iglesia lo de las nuevas reformas en materia eclesial y que ya ha estado "trabajando en el tema de la libertad religiosa" con el senador panista Federico Döring.

Explicó que el tema "se pone en agenda" porque a tres lustros de las enmiendas de 1992 "no sólo la Iglesia dice que es una ley imperfecta, sino que expertos en derecho ven las limitantes en las que es preciso ir caminando". Se busca, abundó, "hacer coherente la Carta Magna, no se trata de otra cosa".

Educación religiosa

A 15 años de la aprobación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, Martínez Gómez explicó en conferencia que el arzobispado le encargó promover una serie de reformas en las que se buscará que el Estado provea de educación religiosa a los escolares.

"Todos los padres tienen el derecho de libre educar (sic) a sus hijos, pero no necesariamente a una educación laicista, como la que tenemos, sino que debe de ir mucho más allá. Debe de ir en una verdadera libertad en la que los padres puedan determinar si quieren una educación religiosa para sus hijos y el Estado pueda proveer de esta educación religiosa", expuso luego de la misa dominical oficiada por Norberto Rivera Carrera en la Catedral Metropolitana.

Se pretende modificar el artículo 24 constitucional para garantizar "plenamente" la libertad de culto, en el que los clérigos puedan hacer públicas sus posiciones "no partidistas, pero sí políticas" desde sus espacios religiosos. Dijo que el derecho a tener una posición política "está en la vida común de todos los ciudadanos", y los ministros de culto, como ciudadanos, tienen derecho de expresarse en torno "a un determinado tema público, que no es un tema partidista".

Esto, insistió, no es una propaganda partidista, porque eso el propio derecho canónico lo prohíbe. "Nunca se hará proselitismo ni en favor ni en contra de partidos, pero sí será enérgico en las posiciones políticas públicas que se dan respecto de temas y leyes", destacó.

Agregó que se propondrá una reforma de "claridad" en materia tributaria, "como se hace en otros países, donde los ciudadanos pueden destinar parte de sus impuestos a las iglesias.

"Pero éstas están también fiscalizadas; no sólo se trata de mayores derechos, sino también de tener una obligación y una coherencia en lo que ya se vive. Nosotros vivimos un doble discurso, pero la realidad es que la Iglesia existe y es una institución fuerte. Yo creo que es tiempo de un pleno reconocimiento de la Iglesia y el Estado", sentenció.

Por otra parte, Hugo Valdemar afirmó que "en la Iglesia somos pacientes, sabemos que todo lleva su tiempo, que no podía darse una legislación, dar un vuelco de 180 grados, que las transformaciones son poco a poco y, sobre todo, es un tema que siempre causa escozor y que siempre es álgido. Tampoco es una prioridad nacional, no lo es.

"Hay otras cosas que urgen mucho más; también nos interesa que esto no quede a la zaga, sino que se tome en cuenta y a los ministros de culto se nos considere ciudadanos, como cualquier otro", comentó el funcionario, para quien los religiosos católicos se sienten como residentes "de tercera".

Para el religioso existe consenso social, "logrado poco a poco", de que la Iglesia "tiene derecho a opinar en temas que atañen a la vida política" y eso quedó demostrado, mencionó, con el reciente debate para aprobar en la ciudad de México la reforma sobre la despenalización del aborto.

"Es una gracia decir que la sociedad se va sensibilizando, que la Iglesia como institución no tiene por qué estar marginada de la vida social, de la vida política, no partidista. Atención, porque en eso la Iglesia misma pone una limitante. El derecho canónico nos pone una limitante también ahí y eso lo tenemos muy claro. No queremos aliarnos a ningún sistema o partido, pero sí intervenir en la política, entendida como esta búsqueda del bien común y de la vida en armonía de la sociedad".

Explicó que "a los (miembros del Colegio de) Abogados Católicos se les ha encomendado un estudio de la ley y una serie de propuestas de parte de la arquidiócesis". Agregó que el presidente de la Conferencia del Episcopado de México, Carlos Aguiar Retes, y el Partido Acción Nacional, mediante su senador Federico Döring, "han estado trabajando en el tema de la libertad religiosa".

Detalló que la CEM, mediante su área de relaciones con el Estado, formalmente "desde hace mucho tiempo viene manteniendo diálogos con diferentes funcionarios, diputados, senadores de todos los partidos, no sólo el PAN, viendo la conveniencia de esta reforma, que si bien, repito, es necesaria, no es una prioridad nacional. Pero sí vemos que es importante empezar a pensar el tema.

"Hay varios frentes que están viendo la modificación de esta ley y no para obtener ningún tipo de privilegios, simplemente para homologar esta ley reglamentaria con la Constitución, que garantiza las libertades para todos pero que por otro lado se nos restringe en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Se trata de hacer coherente la Carta Magna, no se trata de otra cosa", comentó.

En entrevista, expresó que sería oportuno que la propuesta de esta asociación religiosa se integre a los trabajos de la reforma del Estado, pero "nosotros no estamos actuando como un partido que condicionamos la aprobación de ciertas cosas, porque no tenemos diputados para presionar.

"Si no va por allí, va a través del diálogo, el consenso, el convencimiento de hacer notar esas contradicciones que existen entre la ley reglamentaria y la Carta Magna. Desde ahí podríamos empezar a convencer", destacó.