La crisis bajacaliforniana
La actual crisis electoral de Baja California es la expresión de un largo y sinuoso camino de descomposición, donde el Estado mexicano, los diferentes gobiernos y las fuerzas políticas locales tienen una parte alícuota de corresponsabilidad.
Los altos estándares de vida que caracterizaron a nuestra entidad en los años 80 y 90, han caído y hoy tenemos los más bajos índices en matrícula prescolar, en eficiencia terminal de bachillerato, en número de habitantes por atención médica, y punteamos entre los estados con mayor incidencia delictiva, adicciones y mortalidad por enfermedades infecciosas.
Ante esta realidad, el PAN no puede eludir su responsabilidad como partido gobernante. Las cifras no mienten. Sin embargo, el PRI también tiene corresponsabilidad porque ha sido cómplice o, en el mejor de los casos, complaciente. Emplazado a constituirse en alternativa de poder, el priísmo naufragó entre la visión cortoplacista y la ambición trepadora de sus sucesivas dirigencias. Sin rumbo, abjuró de su plataforma y reivindicaciones históricas para convertirse en cortesano de las políticas panistas.
Una ciudadanía decepcionada del PAN, entre otros elementos, se concatenaron para que Jorge Hank hiciera su aparición en las elecciones de 2004. Aceitada la maquinaria electoral priísta, logró un apretado triunfo sobre Acción Nacional en Tijuana; no obstante, los frutos de su gobierno fueron inestabilidad, corrupción, frivolidad y mayor inseguridad. Su candidatura para la gubernatura en 2007 tuvo una explicación: el recuerdo imborrable de las pésimas administraciones panistas y el derroche financiero del que hizo gala en su campaña, cuyos topes en el gasto no fueron sino enunciados.
En este escenario, la izquierda ha sido marginal y desarticulada. Confinada a los espacios de representación plurinominal, ha existido como referente anecdótico, alejada de la disputa de poder y sólo ha figurado ocasionalmente como aliada formal o informal de alguna de las dos fuerzas en disputa. No haber concretado la coalición de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista habla de la incapacidad de la izquierda para procesar sus diferencias.
Sin embargo, la propia conformación pluricultural de la población fronteriza y su actitud ante la vida hablan de segmentos sociales que muestran disposición y simpatía hacia proyectos políticos liberales, democráticos, nacionalistas y de izquierda. El triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 88 y la significativa votación por Andrés Manuel López Obrador en 2006 evidencian una veta enorme para empujar hacia la creación de un modelo de gobierno diferente. La condición es la definición de un rumbo claro y una acción política coherente, articulada y efectiva a favor de un estado social, democrático y de derecho. Quienes simpatizamos o militamos en la izquierda tenemos la palabra. En este contexto se desencadena la crisis electoral que cada día genera más incertidumbre entre la población bajacaliforniana.
La cancelación del registro de la candidatura de Jorge Hank a la gubernatura de Baja California es la expresión del concierto de desatinos que caracteriza a la clase política del estado.
La aprobación de lo que hoy se conoce como ley antichapulín es una modificación que se plasmó en la Constitución estatal. En mi opinión es una disposición que contradice la Constitución federal, conculca los derechos políticos de los ciudadanos y nunca debió ser aprobada. No obstante, en su momento fue considerada por los priístas como una acción vanguardista en materia electoral. Lejos estaban de conocer que el destino los alcanzaría con su aventurerismo legislativo.
En lo jurídico, Hank y el PRI están atrapados en su circunstancia. Su única opción es en el plano político. Sus simpatizantes hablan de la necesidad de la participación del PRI en la reforma fiscal, apuestan doble contra sencillo que en el ámbito federal lograrán lo que no pudieron en el estatal. El resultado dirá si postraron a la Presidencia, agobiada por la legitimación, la reforma fiscal y las acusaciones del chino de los millones de dólares.
Al margen del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ruptura del tejido social en Baja California es una realidad desde hace largo rato y los conflictos sociales no tardan en estallar, sin que se descarte la violencia política. Es decir, proceda o no el recurso para restituir la candidatura a Jorge Hank, la crisis en la gobernabilidad bajacaliforniana ya existe y se profundizará.
La necesidad y el compromiso de un nuevo pacto social es un imperativo impostergable, así como una nueva reforma electoral que garantice elecciones equitativas y transparentes, donde los aparatos de gobierno dejen de sustituir a las organizaciones partidarias y se erradique la perversa tentación de que quien está en el poder juegue con ventaja, tal como hacen hoy el PAN y el PRI: un nuevo pacto social que ponga en el centro el desarrollo cultural, económico, político y social de nuestro pueblo. Sólo una sociedad con cultura y valores democráticos puede construir y conservar normas de convivencia. El PAN, como partido en la oposición, contribuyó al avance de la democracia en el estado; sin embargo, como gobierno reprodujo todas las formas de hacer política que criticaba, abandonando sus postulados opositores. Se convirtió en un viejo PRI de color azul.
Más allá de la situación crítica que se ha generado con la cancelación de las candidaturas por parte del Tribunal Estatal Electoral, urgen mecanismos de diálogo entre todas las fuerzas políticas. Urgen acuerdos que tracen una ruta de trabajo que conjugue la aspiración ciudadana con la actividad de las instituciones para que éstas vuelvan a ser las instancias en las que el pueblo se reconozca, se exprese y se desarrolle.