Aseguran que actuaron de manera acertada en 2006
Sería complejo y costoso el cambio buscado en el IFE, según consejeros
Ante el acuerdo de los partidos políticos de modificar o sustituir la estructura actual del Instituto Federal Electoral (IFE), consejeros de este organismo advirtieron que una profunda reforma (como la impulsada por priístas y perredistas) representaría no sólo cambios constitucionales, sino un proceso complejo y costoso.
Con diversos matices, los consejeros Arturo Sánchez, Alejandra Latapí y Virgilio Andrade defendieron su permanencia en el IFE y la actuación que tuvieron en la contienda del año pasado.
Asimismo, colocaron al Poder Legislativo como único responsable de los alcances y consecuencias de las pretendidas modificaciones.
"Estoy convencido que los consejeros electorales ejercimos nuestra responsabilidad acertadamente (en la contienda del 2006), en el marco jurídico legal vigente", aseguró Sánchez, presidente de la Comisión de Organización Electoral.
Precisó que restructurar el IFE significa "mucho más que cambiar a nueve ciudadanos que integramos el consejo general", porque implica "analizar el funcionamiento (del instituto) en sus verdaderas entrañas: juntas distritales, locales y direcciones ejecutivas, entre otras, así como una nueva producción, por ejemplo, (de más de 70 millones) de credenciales para votar con fotografía".
Los consejeros citaron a conferencia de prensa para convocar a los mexicanos residentes en el exterior a que participen en la consulta ciudadana hacia la reforma electoral, la cual se considera fundamental para la transformación del Estado.
En la consulta previa, organizada por el IFE, se captaron más de 3 mil ponencias, según el organismo, mientras en los foros convocados por el Congreso se han acumulado unas 800, por lo que las opiniones de los mexicanos que viven fuera del país se sumarán a ese alud de propuestas.
Según los consejeros del IFE, las ponencias hasta ahora recibidas tienen, como preocupación central, los mecanismos para ejercer el voto, la subvención a los partidos políticos y la regulación financiera para medios de comunicación.