El gobierno no debe vulnerar garantías, señalan
La criminalización de infantes es un riesgo latente, advierten ONG
La Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), advirtieron que los exámenes y pruebas antidopaje que el gobierno anunció que se aplicarán a los menores en las escuelas, "constituyen una violación a sus derechos, a la privacidad de la familia y también son un error en el enfoque para atacar el problema".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red; Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh; Luis Arriaga, director del Centro Pro, y Brisa Maya Solís, titular del Cencos, en entrevistas por separado coincidieron en señalar que "hacer de manera generalizada e indiscriminada las pruebas o exámenes antidopaje propiciará violaciones a los derechos humanos de los menores. Hasta hoy no hay un sustento para aplicar una medida de ese tipo, y menos de manera generalizada".
Los dirigentes de las organizaciones civiles subrayaron que "los derechos de los menores no son negociables, además de que la Organización de las Naciones Unidas protege a la infancia y considera niños a los menores de 18 años, sin descontar que hay convenciones y pactos internacionales que deben ser cumplidos".
Puntualizaron que "ha faltado información. El gobierno no ha sido claro al informar qué resultados espera obtener al practicar esos exámenes o por qué se determinó esa medida".
Edgard Cortez dijo que "se mantiene la política de hacer anuncios que de pronto resultan espectaculares y esta-rían más encaminados a lograr una imagen de efectividad, aunque no se logren resultados. El punto central es que no se está atendiendo de manera integral el problema y la aplicación de estas pruebas podría derivar en violaciones a los derechos humanos de los menores".
El director del Centro Pro advirtió que "este anuncio de que se realizarán las pruebas podría llevar a que se cometan arbitrariedades con los menores, y no constituye una buena medida, faltan estrategias adecuadas, no hay un planteamiento que contenga los mecanismos adecuados, no hay un sustento de información, no hay un programa claro; el gobierno debió haber proporcionado mayor información al respecto".
Adrián Ramírez subrayó que "no se atiende el problema de manera integral, se criminaliza a los menores cuando el Estado está obligado a protegerlos, porque ha firmado convenciones, protocolos y tratados en favor de la infancia. Practicar esas pruebas es una violación a sus derechos".
La directora del Cencos destacó que "el problema del narcotráfico no se va a resolver revisando a los menores en las escuelas o practicando exámenes antidopaje. Hay que recordarle al gobierno que los menores tienen derechos y que el Estado debe garantizar esa protección y no intentar vulnerar esas garantías".