Cañeros demandan "reorientarla, o todo quedará en manos de la iniciativa privada"

La ley de bioenergéticos fue hecha "al vapor", señala especialista

Empresarios defienden proyectos del ramo; dicen que agricultores se volverán inversionistas

MATILDE PEREZ, LAURA POY, ANGELICA ENCISO

En la polémica discusión en torno a la producción de bioenergéticos a partir de caña de azúcar y maíz, principalmente, agricultores, legisladores y científicos coinciden en que es un asunto en el que el Estado debe mantener la rectoría y evitar la competencia con otros usos del suelo y la producción de alimentos, lo cual no quedó claramente plasmado en la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, que fue aprobada prácticamente por fast track.

Para el gobierno, el desarrollo del uso del bioetanol y del biodiesel durante la próxima década es un aspecto de la restructuración de la industria de los energéticos, pero adelanta que en ningún momento se desplazará completamente a la gasolina del mercado.

Al menos así se asienta en el estudio Potenciales y viabilidad del uso de bioetanol y biodiesel para el transporte en México, realizado por expertos a petición de la Secretaría de Energía y financiado por GTZ Cooperación Técnica Alemana y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El documento también advierte que para tener un programa exitoso de etanol combustible es necesario disminuir los costos de producción y elevar la productividad, ya que el precio de la tonelada de caña de azúcar es de casi 38 dólares, tres veces mayor al de Brasil, y el del maíz ronda 120 dólares.

Ese consumo de etanol, según el estudio, permitiría al país reducir las importaciones de gasolina, un ahorro en la balanza de pagos y reducir 10.6 millones de toneladas las emisiones de bióxido de carbono al año, pero para lograrlo se deberán invertir 160 millones de dólares, a los que se sumarían 2.25 mil millones de dólares para la instalación de 45 destilerías destinadas a la producción del biocombustible con base en caña de azúcar.

Norma "coja"

La potencial producción del "combustible verde" no ha pasado inadvertida para los cañeros y maiceros. Los primeros iniciaron hace tres años un largo cabildeo con legisladores para incidir en la norma mencionada, la cual -desde su óptica- quedó coja, porque no hay una política clara en torno a las obligaciones del Ejecutivo, la Secretaría de Energía y Pemex en torno a los bioenergéticos; además se redujo a 6 por ciento el uso de éstos en la mezcla con las gasolinas.

"No se trata de volver a debatir la ley, sino de reorientarla y establecer políticas públicas de fomento a la producción de los biocombustibles; de lo contrario todo quedará en manos privadas y de los mercados internacionales, y dejará en la indefensión de los agricultores", advirtió José Cruz, asesor de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, afiliada a la Confederación Nacional Campesina (UNPC-CNC).

Entre los académicos existe inconformidad por la forma en que se aprobó esa ley. Amparo Martínez Arroyo, especialista del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, aseveró: "simplemente pasó de noche; nunca fuimos convocados a participar y debatir cuáles son las oportunidades y los riesgos. Es evidente que falta más investigación, pues no existe consenso en la comunidad científica ni se ha tomado en cuenta cuál sería el impacto ambiental en un país con enorme diversidad de microclimas, ni hay estudios suficientes para determinar si funciona la producción y el uso masivo de etanol. La Cámara de Diputados tendría que haber impulsado una investigación para conocer cuál es la mejor alternativa en cada región (...) se deben crear muchas opciones, pues de lo contrario no habrá posibilidad de mitigar los efectos del cambio climático".

Rafael Calderón Arozqueta, especialista en agroecología de la UAM, aseguró que esa ley "sólo responde a los intereses de un pequeño grupo de maiceros y cañeros; está diseñada para sacar a los pequeños productores de cualquier beneficio social con la producción de etanol". Es una norma "hecha al vapor", que no contempló la búsqueda de insumos alternativos, como higuerilla, piñón o jatrofa, que requieren menos agua y fertilizantes para la producción de etanol.

"Da la impresión de que es toda una estrategia de querer dejar todo al libre juego del mercado, y quien tenga más dinero es quien impondrá las condiciones."

Añadió que no existe una entidad responsable de los biocombustibles ni de los bioenergéticos o de la energía alternativa. Así, ¿cómo obligar a Pemex a cambiar sus refinerías? ¿Quién será responsable de vigilar la mezcla de gasolina con etanol y distribuirla al consumidor?

Ante ese vacío, propuso la creación de un sistema que impida la tala de bosques y selvas o que se sustituyan tierras útiles para la ganadería por cultivos de soya o caña, como sucede en Argentina y Brasil; y garantizar los beneficios de la transformación al productor primario.

En San Lázaro la ley también causó polémica; los perredistas se pronunciaron en contra porque, explicó Carlos Navarro, no se puede privilegiar alimentar a los automóviles antes que a la gente, por lo que sugirió evitar el uso de los granos para la producción de etanol; mientras, legisladores panistas y priístas consideraron que eso no sucederá, y para garantizarlo se harán ajustes en el reglamento de esa ley, dijeron.

Al igual que en México, en Argentina -que produce biodiesel a partir de oleaginosas- y Ecuador se aprobaron recientemente las leyes en torno a los biocombustibles, que también ya existen en Estados Unidos. En casi la mitad del territorio de Colombia se vende biogasolina y se investiga su masificación. El Salvador aseguró que en este año venderá gasohol, absorbiendo 10 por ciento de su demanda interna de combustibles.

En el país las empresas Abengoa, de España, y Frings, de Austria, ya realizan cabildeos entre los cañeros y sus líderes; esta última presentó un proyecto para la construcción de una planta en el sureste con una inversión de 45.8 millones de euros para una producción de 500 mil litros diarios.

Preocupada porque las empresas extranjeras "tomen la delantera" en el mercado nacional de los biocombustibles, la UNPC-CNC subraya en el análisis Agroenergía en la industria de la caña de azúcar las ventajas del uso de la biomasa natural y residual para los biocombustibles, afirmando que fomentará la creación de fuentes de empleo rurales.

"Es una alternativa viable para el cambio estructural de la agroindustria de la caña de azúcar y fortalece la soberanía nacional y la seguridad alimentaria."

La empresa Bioenergía Integral está cerrando negocios con inversionistas nacionales y extranjeros, así como con productores para iniciar en este año la construcción de plantas para la producción de etanol.

Isabel Gómez, asesora de esa firma, expresó que el esquema es que los agricultores accedan como inversionistas al aportar la materia prima. "Es una nueva forma de volverse empresarios; además, el precio del etanol no va a bajar."

En la zona norte de Nuevo León y Coahuila, en el distrito de riego 4 en San Martín, 5 mil productores destinarán 13 mil 500 hectáreas a la siembra de sorgo y caña de azúcar. "Allí ya está amarrado el negocio"; ya se acordó una inversión de 73 millones de dólares para tener la planta en 18 meses, dijo.

Otro proyecto en ciernes está en el distrito de riego del río Yaqui, en ciudad Obregón, Sonora, con 240 mil hectáreas, de las cuales 40 mil. La inversión prevista es de 165 millones de dólares.

También existen dos proyectos en la Huasteca -uno en Tamuín, San Luis Potosí; otro en Ciudad Mante, Tamaulipas- y uno más en el distrito de riego del río Santiago, Nayarit.

El esquema del negocio, explicó Gómez, prevé que los gobiernos de los estados participen con 25 por ciento en las mejoras a los distritos de riego o en la infraestructura hidráulica, y otro 25 por ciento sería aportado por los productores.

"Esta revolución productiva del siglo XXI no puede ser ignorada por nadie; es cosechar energía renovable bajo el sol."