Sólo el extinto Nemesio Lugo Félix nos hacía caso, dice su dirigente
Amenazan a opositores a trata de personas
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe denunció que luego del asesinato de José Nemesio Lugo Félix, quien fue coordinador general del Centro Nacional de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) -''único funcionario del gobierno federal que nos atendía''-, integrantes de esta asociación civil han sido objeto de amenazas de muerte y persecuciones por de sujetos con tipo de militares que se transportan en camionetas importadas con placas de Quintana Roo y Baja California.
La titular del organismo, Teresa Ulloa, afirmó en entrevista que la trata de mujeres está vinculada con el crimen organizado y ''creemos que es por lo que hemos estado recibiendo las amenazas''.
Indicó que en este problema a nivel internacional, México es el quinto productor de pornografía infantil y tercero en consumo, sólo detrás de Estados Unidos y España. Expuso que la organización que encabeza ha logrado recuperar a 10 mujeres y menores de edad del tráfico de redes de trata de personas, y el año pasado en la región latinoamericana pudieron rescatar a 33.
Como parte de estas redes lamentó que ninguna autoridad -ni federal ni local- esté actuando en contra de los espacios y personas, aunque ''la Policía Federal Preventiva tiene imágenes''. Este problema, dijo, está en la totalidad del país, ''lo que pasa es que tenemos la costumbre de no querer ver lo que está pasando a nuestro alrededor''.
Aseguró que ninguna autoridad ha actuado ''y al único que nos respondía siempre lo mataron (Lugo Félix)''. De acuerdo con la activista, está demostrado que detrás de la trata de personas se encuentra el crimen organizado, y ''esto no sería posible sin la existencia de cadenas de complicidad y corrupción entre las más altas esferas del poder político y económico''.
En respuesta a esta situación Ulloa destacó que el organismo que encabeza promueve la entrada en vigor de la ley de trata de personas, tal como la había aprobado la Cámara de Senadores y no con los cambios que se le hicieron en la de Diputados, ''porque la dejaron en situación muy desfavorable para las víctimas por intereses o compromisos políticos''.