¿Una reforma fiscal para los pobres?
La reforma hacendaria presentada por el equipo económico de Calderón no contiene disposiciones que vayan a mejorar la administración tributaria ni tampoco el gasto público, ni mucho menos que acaben con los paraísos fiscales que gozan las grandes empresas, por lo que no restaura la equidad tributaria en el país.
De esta manera y contrario a lo anterior, en materia tributaria la reforma atenta gravemente contra las personas físicas y más aún contra aquellas que perciben menores ingresos, por ello es altamente regresiva y de ser mayoriteada por el PRI y por el PAN daría la posibilidad de recurrir al derecho de amparo en virtud de que contraviene lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución.
Así, en materia de manejo de impuestos no se advierten medidas estructurales que modifiquen el funcionamiento del Sistema de Administración Tributaria, tales medidas deberían de incluir el asunto de transparencia fiscal (quién paga y cuánto paga), modificaciones al órgano de gobierno del SAT, compromisos y metas de recaudación, etcétera.
En materia de gasto público no se incluyen disposiciones que reduzcan el gasto corriente, en especial no se establece nada respecto de las remuneraciones y prestaciones de los funcionarios públicos ni de los gastos superfluos.
La creación del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas resulta obsoleto en virtud de que las actividades de evaluación que realizará y las recomendaciones que llevará a cabo son competencia y atribución de la Cámara de Diputados en la revisión de la cuenta pública, labor que lleva a cabo a través de la Auditoría Superior de la Federación.
De hecho resulta absurdo que sea un organismo emanado del Poder Ejecutivo quien vaya a evaluar las políticas instrumentadas por el propio Poder Ejecutivo, y mucho menos se advierte el destino de la recaudación adicional, ni tampoco qué sucederá con la carga tributaria a Pemex.
Por lo que se refiere a las propuestas fiscales (impuestos) se puede afirmar que mantienen los regímenes de excepción que han permitido que los grandes contribuyentes permanezcan intocables y eludan volúmenes importantes de impuestos, lo cual no mejora la equidad fiscal, perjudicando con ello a las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas.
Así, por ejemplo, de ser aprobada la propuesta calderonista, las personas que reciban ingresos diferentes a salarios, y que perciben por ejemplo 20 mil pesos mensuales de ingresos tengan un incremento en su carga fiscal hasta de 2.72 por ciento, lo que equivale a pagar 544 pesos más de lo que pagan en la actualidad, o bien una persona que recibe 35 mil pesos mensuales pagará 848 pesos más de lo que paga ahora.
Sin embargo, una persona que gana 500 mil pesos al mes tendrá un incremento en su carga fiscal de sólo 0.17 por ciento, y al pagar sólo 848 pesos más de lo que actualmente paga, esta situación es altamente desproporcionada si lo comparamos con las personas que se encuentran en rangos de entre 15 y 40 mil pesos mensuales de ingreso.
Otro elemento importante es que al eliminar el crédito al salario y sustituirlo por el subsidio al empleo se afectará también a los trabajadores de menores recursos y con menos prestaciones, ya que estos trabajadores estarían recibiendo menos efectivo en relación con la ley actual.
De esta manera, un trabajador que percibe dos salarios mínimos (3 mil pesos) y que con la ley actual recibe un crédito al salario de 274 pesos, recibe un ingreso neto de 3 mil 274. Sin embargo, con la propuesta de la nueva ley, y a pesar de tener el subsidio al empleo recibirá 3 mil 237 pesos, es decir, 37 pesos menos que ahora, esta situación se mantiene hasta los trabajadores que perciben hasta 8 mil pesos mensuales, ya que estos últimos recibirán hasta 151.33 pesos menos que lo que perciben ahora.