Editorial
El castigo
El boicot económico contra Grupo Monitor, establecido desde las más altas esferas del poder político y económico del país, logró su propósito, y desde ayer la empresa informativa que encabeza José Gutiérrez Vivó hubo de retirarse del espectro radiofónico. Con ello llegó a su fin el programa Monitor, que empezó sus transmisiones hace casi 33 años, y que era un producto destacadísimo entre los noticiarios radiales de México.
No hay margen para dudar de la veracidad de los diversos episodios del acoso gubernamental y empresarial, narrados por el propio Gutiérrez Vivó en diversas ocasiones, y en los que se entrecruzan una añeja disputa tribunalicia entre Infored, productora de Monitor, y Grupo Radio Centro, con la conjura mediática (además de judicial, legislativa y electoral) orquestada desde Los Pinos para destruir la candidatura presidencial presentada por la izquierda en las elecciones del año pasado, y que se echó a andar mucho antes de que se formalizara dicha candidatura. Significativamente, el corporativo de la familia Aguirre Gómez sacó del aire la señal de Monitor momentos después de haber perdido un laudo arbitral que le ordenaba pagar al comunicador decenas de millones de dólares, y a cuatro horas de que el entonces jefe del Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, tuvo un espacio en ese noticiario para presentar algunos contrapuntos a los videoescándalos organizados por la pareja Fox-Sahagún, Carlos Ahumada, Televisa, Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y otros personajes del grupo en el poder.
El primero de diciembre del año pasado Gutiérrez Vivó relató que Vicente Fox consideraba "perredista" a Infored y hasta argumentaba que los colores del logotipo de la empresa -amarillo y negro- eran los mismos que los del emblema del partido del sol azteca. Siguió un boicot publicitario a Grupo Monitor -nombre que adoptó Infored tras la ruptura con Radio Centro- que desde el 30 de noviembre del año pasado obligó a Gutiérrez Vivó a dejar sus transmisiones en frecuencia modulada, y posteriormente a cancelar la totalidad de su proyecto radiofónico. El acoso contra el informador se mantuvo sin cambios en el relevo de Fox por Felipe Calderón: el 6 de diciembre el director de Grupo Monitor informó que, como respuesta a una petición de audiencia con el actual habitante de Los Pinos para pedir el cese del bloqueo publicitario, había recibido un mensaje del nuevo titular del Ejecutivo: "Están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información, bien; si no, también. Cuando consideremos que hay un buen comportamiento, entonces se arreglará una entrevista con el Presidente".
El cerco contra la empresa de Gutiérrez Vivó tiene dos aspectos. El primero es la manera discrecional, facciosa y patrimonialista con que se hacen desde el gobierno las asignaciones de los fondos destinados a difundir publicidad oficial, los cuales, por la simple razón de que son dinero público, tendrían que manejarse con criterios transparentes de eficiencia, circulación o impacto. Esta práctica impresentable permite al gobernante en turno favorecer o perjudicar a entidades periodísticas en función de vínculos corruptos y de afinidades o desavenencias políticas e ideológicas. La motivación calderonista tras el mensaje a Grupo Monitor es, en esencia, la misma que la que llevó a Luis Echeverría a promover un embargo publicitario contra Excélsior y que la exhibida por José López Portillo cuando justificó el retiro de la propaganda oficial de las páginas de la revista Proceso, en 1982 ("no te pago para que me pegues"): obligar a informadores y a medios a deponer líneas editoriales críticas y sumarse a una uniformidad noticiosa muy próxima al discurso oficial y que deriva de la confluencia de intereses políticos y corporativos.
Esa misma confluencia da pie para entender el otro aspecto de la ofensiva contra la empresa de Gutiérrez Vivó, en la medida en que permite sumar al embargo no declarado de propaganda oficial la suspensión de contratos de publicidad privada. Habida cuenta de la abrumadora concentración de la riqueza en el país, los principales consumidores de espacios comerciales en los medios constituyen un pequeño puñado de empresarios estrechamente vinculados a los gobernantes en turno. La connivencia entre unos y otros quedó de manifiesto con las ilegales campañas lanzadas antes de los comicios del año pasado para disuadir a los ciudadanos de que votaran por López Obrador.
Ese poder ilegítimo, antidemocrático y autoritario, no sólo se ejerce para atacar a expresiones políticas no gratas a la oligarquía gobernante, sino también, como se ha visto, para amordazar o destruir a medios informativos independientes.
No deja de ser el colmo de la hipocresía que quienes han confluido en el acoso a Grupo Monitor sean, casi siempre, los mismos que se rasgan las vestiduras por la negativa del gobierno de Hugo Chávez a renovar la concesión de RCTV. La configuración oligárquica del poder en el México contemporáneo es, por donde se le vea, hostil al ejercicio de la libertad de expresión, reacia a la pluralidad y la diversidad y ominosa para el desempeño ético del oficio de informar. Lo más autodestructivo que puede hacer el gremio periodístico ante el "castigo" y la indignante censura de facto a Gutiérrez Vivó y su empresa es permanecer en silencio.