Comisión de la Cámara halló probable conflicto de intereses en Cuenta Pública 2005

Ordenan al auditor superior revelar nexos entre entes revisados y bufete de sus hijos

El funcionario deberá cumplir estrictamente el mandato, advierte el grupo legislativo

ROBERTO GARDUÑO

La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados demandó un informe puntual al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, en torno a los contratos que ha firmado el despacho contable de sus hijos con entidades revisadas y fiscalizadas por la ASF.

En las conclusiones y recomendaciones a la ASF, elaboradas por el órgano legislativo que analizó la Cuenta Pública de 2005 manifiesta que es indispensable clarificar si existe conflicto de intereses en el ente fiscalizador que depende de la Cámara de Diputados, y en caso de que así fuera se inicie una investigación en lo particular.

Es decir, la Cámara de Diputados, vía la Comisión de Vigilancia, ordenó a la ASF, la cual depende del Congreso federal, que revise las actividades de su titular, González de Aragón, quien por cierto fue empleado de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari.

La recomendación de la Comisión de Vigilancia, una vez que se revisó la Cuenta Pública de 2005, y en la cual se detectaron probables actos de conflicto de intereses, manifiesta lo siguiente:

"A partir de la aprobación del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, así como sus adecuaciones y modificaciones a la Cuenta Pública 2005 en adelanto y previo a practicar actividad tendiente a su ejecución, el auditor superior de la Federación requiera a las entidades fiscalizadas le informen si el despacho González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC les practicó alguna revisión o auditoría y en caso de ser afirmativo deberá informar a esta Comisión de Vigilancia, para que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo más conveniente".

La determinación de la Comisión de Vigilancia, que encabeza el perredista Antonio Ortega Martínez, obedece a la opacidad -denunciada desde la 59 Legislatura- en la que probablemente se ha movido el auditor González de Aragón, a quien se le atribuyó desde entonces vínculos en negocios con instancias gubernamentales auditadas por la dependencia a su cargo. De tal forma, la conclusión de los legisladores que integran el órgano legislativo es la siguiente:

"Todo servidor público de la Auditoría Superior de la Federación no podrá intervenir, en el ejercicio de sus atribuciones, en la práctica de auditoría, inspección o revisión alguna en aquellos entes públicos federales objeto de fiscalizar, cuando los mismos hayan sido auditados por alguna firma de auditores de la que dicho servidor público tenga o haya tenido relación de socio o parentesco alguno".

Por tal razón, la Comisión de Vigilancia advierte que Arturo González de Aragón "deberá cumplir estrictamente su contenido, debiendo comunicar por escrito a esta comisión cualquier concurrencia de actividades de dicho ente fiscalizador con las profesionales del despacho ya citado, en algún ente sujeto a fiscalización, absteniéndose de llevar a cabo un acto sobre el particular hasta en tanto esta comisión le comunique por escrito los términos y formas de atención ante dicho evento".