Responde a protestas por supuesta privatización de accesos
Legal, la venta de playa Delfines; no se anulará, dice Turismo federal
Manzanillo, Col., 26 de junio. El secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo Torres, informó que no anulará la venta de playa Delfines -la principal playa pública de Cancún, Quintana Roo-, porque la transacción fue legal y se le enviaría "un mal mensaje" a inversionistas.
Entrevistado en este puerto, donde inauguró la rehabilitación de una carretera, la construcción de un muelle turístico, un estacionamiento y una plaza comercial en el centro histórico, Rodolfo Elizondo dijo que "la playa (Delfines) está totalmente abierta y no hay problemas de acceso".
El funcionario defendió la transacción que realizó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en 2005, cuando el entonces director general John McCarthy vendió por 28 millones de dólares cinco hectáreas de playa Delfines al consorcio B & D Real Estate, para que construyera dos clubes privados.
Aunque recientemente hubo manifestaciones de inconformidad de lugareños por la venta de la playa Delfines, así como en repudio a la supuesta privatización de los accesos, y aunque el gobierno de Quintana Roo anunció que pediría a Fonatur revocar dicha transacción, Rodolfo Elizondo dijo que "es una playa vendida legalmente, y no hay nada que discutir".
Desmintió que el balneario esté cerrado a la población, o que los accesos hayan sido privatizados. Explicó que, "como es muy popular", hay 250 metros que la gente puede aprovechar.
"Las cinco hectáreas están legalmente vendidas, no se van a regresar, pues sería terrible el mensaje que mandaríamos a los inversionistas. Lo que ya fue cedido no tenemos por qué regresarlo".
-¿La ley permite la venta de playas en el país?
-No es la venta de playas, sino del terreno. Son federales, nosotros no podemos venderlas.
Interrogado sobre las modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre que se realizaron el año pasado, la cual según empresarios del ramo es una limitante para el crecimiento turístico, Elizondo Torres manifestó que ese asunto se discute en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, cuyos integrantes "de alguna manera deberán reformarla".
Comentó que hasta ahora no tiene ningún indicio de que se limite el crecimiento y desarrollo turístico de México debido a la entrada en vigor de dicha ley, y tampoco se ha cancelado ningún proyecto turístico por ese motivo.