Hubo grave violación de garantías: Silva Meza
Rechaza la Corte dictamen sobre el caso Lydia Cacho
Se protege el derecho de audiencia de Mario Marín
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó ayer, por ocho votos contra tres, el dictamen sobre el caso Lydia Cacho, que establecía responsabilidad política del gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, por grave violación de las garantías individuales de la periodista y de autoridades de Puebla y Quintana Roo que violentaron los principios democráticos de federalismo y división de poderes.
Así, quedó en el aire el resolutivo que dejaba al Congreso de la Unión la decisión definitiva sobre la procedencia del juicio político contra Marín Torres; que las legislaturas de Puebla y Quintana Roo observaran la responsabilidad de sus respectivos procuradores y presidente del tribunal de justicia poblano, y que el Ministerio Público de esas entidades ejerciera acción penal por corrupción de autoridades y delitos contra la administración de justicia.
Con el argumento de que la Corte debe garantizar el derecho de audiencia de los funcionarios considerados responsables de los hechos, los ministros aplazaron la discusión del asunto, hasta que emitan un acuerdo general que regule la facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional y se permita que las partes involucradas aporten las pruebas que a su derecho convenga.
Ante la decisión del pleno y la descalificación de facto de la investigación y conclusiones de cinco meses de trabajo de la comisión que encabezó el ministro instructor, Juan N. Silva Meza, éste insistió en que en todo momento se preservaron las garantías individuales y el derecho de audiencia de los funcionarios, y señaló que había cumplido con la encomienda del pleno al entregar sus conclusiones.
Fue un deslinde del ministro, quien se opuso, junto con Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls, a la postura mayoritaria de que la investigación no ha terminado y, por tanto, ha lugar a revisar el procedimiento de la pesquisa y permitir el derecho de audiencia, principalmente de Marín Torres y los funcionarios señalados.
Por cierto, llamó la atención la férrea defensa que el ministro Mariano Azuela hizo del gobernador poblano, cuando se hizo eco de un escrito enviado por sus abogados, entre ellos, Fabián Aguinaco (hijo del ex presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco Alemán), en el que le pedían a Silva Meza que les diera a conocer los métodos de funcionamiento de la comisión, porque de lo contrario estarían violentando su "garantía de audiencia".
Azuela se justificó al señalar que, según las conclusiones de la comisión, Marín Torres sería pasible de juicio político, y junto con los otros, serían objeto de responsabilidades de carácter penal, civil "y ellos (los funcionarios) no han dicho sobre estas conclusiones nada, porque las conclusiones hoy se presentan al pleno".
Mario Marín responsable de la violación grave de garantías individuales
Al presentar sus conclusiones, Silva Meza señaló que se citó a declarar a 117 personas, se analizaron grabaciones telefónicas, publicaciones, informes oficiales, reportes de telefonía, expedientes, actuaciones judiciales y ministeriales de autoridades de Puebla y Cancún. Concluyó que "si existió concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar los derechos de Lydia Cacho, transgrediendo principios democráticos de federalismo y división de poderes, particularmente la independencia judicial".
Subrayó que en la investigación, las autoridades poblanas se condujeron "en forma falaz al narrar los acontecimientos, sin apegarse a las realidades que sucedieron", con el propósito de desviar la investigación y que no se llegara a conocer el concierto de acciones del gobernador Marín Torres; de la procuradora, Blanca Laura Villena; del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, y del procurador de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez, así como la participación de particulares para violar los derechos de la periodista.
Agregó que en el traslado de Cacho de Cancún a Puebla, encabezado por los agentes de la Policía Judicial poblana Jorge Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, la comunicadora fue torturada cuando un policía dijo: "le ponen una pistola en la sien y le dicen: 'tú no tienes ningún derecho, cállate...'".
El informe demuestra que los operadores de la acción, Ministerio Público, juez y agentes judiciales, actuaron bajo las órdenes de autoridades superiores, dictadas por el gobernador, quien a su vez instruyó al presidente del tribunal y a la procuradora.
También da cuenta de la celeridad con que la juez Rosa Aurora Espejel concedió la orden de aprehensión contra Lydia Cacho por la demanda interpuesta en su contra por Kamel Nacif Borge, por la publicación del libro Los demonios del Edén.
Señala que durante el traslado de Cacho a Puebla, se montó un operativo con gente cercana a Kamel Nacif, que "escoltó" el traslado de la periodista.
Que la concertación de acciones entre el gobernador y los titulares de tribunal de justicia y la procuraduría vulneró "los derechos fundamentales de debido proceso, audiencia, defensa e igualdad" de Cacho.
El dictamen, de más de mil hojas, señala que hubo aprovechamiento y uso ilegítimo del aparato de gobierno, y que el mandatario de Puebla interviene en las decisiones del Poder Judicial y la procuraduría estatal, lo que atenta gravemente contra la vigencia del estado de derecho en esa entidad.
La sesión inició con sorpresas. Se cambió el orden del día y se aplazaron las acciones de constitucionalidad que empezaron a analizar los ministros el lunes pasado. Después, José de Jesús Gudiño Pelayo propuso que se aplazara el caso Lydia Cacho hasta que la Corte reglamente las facultades y procedimientos que deben seguir las comisiones investigadoras, y que se diera vista a las partes involucradas para darle "mayor amplitud a la garantía de audiencia".
La respuesta de Silva Meza y Valls fue contundente en contra de que se aplicara de manera retroactiva la reglamentación a una investigación que ya había concluido, y que también se diera vista a las partes, porque eso significaba modificar los términos de la investigación para convertirla prácticamente en una averiguación previa, para lo cual no está facultada la Corte.
Silva Meza advirtió que con lo aprobado por la mayoría parecería que se harán reglas ad hoc para esta investigación.
Esta fue la punta de lanza para que la mayoría integrada por el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero insistieran en la necesidad de que la Corte de garantías de audiencia, ante la gravedad e importancia de las conclusiones de la comisión investigadora.
Ante las descalificaciones, Silva Meza enfatizó: "El gobernador constitucional del estado de Puebla en todo momento tuvo, ha tenido y tiene conocimiento de la investigación constitucional, en la cual ha intervenido alegando lo que ha considerado oportuno y ofreciendo las pruebas que estimó convenientes". Indicó que la investigación estaba concluida y sólo faltaba que el pleno la aprobara o no.
Ante la duda expuesta, principalmente por Azuela, sobre la forma en que trabajó la comisión, el ministro instructor explotó al señalar que "todas esas situaciones fueron
escrupulosamente cumplidas, una comisión integrada por jueces constitucionales no podía hacer menos, estando en una investigación de presunta violación de garantías individuales, fuimos escrupulosamente atentos con ello".
Con la decisión de aplazar la votación del asunto, además de la espera que implica la elaboración del acuerdo sobre el ejercicio de la facultad de investigación; el tiempo que se cumplirá con la garantía de audiencia y la designación de una nueva comisión investigadora; los ministros, por mayoría, dejaron constancia de su desinterés por el otro tema que abordó el dictamen: la explotación sexual infantil.
El documento demuestra que el Ministerio Público no proporciona atención médica ni sicológica a la víctima; se giran órdenes de aprehensión o citación a los agresores "y no se cumplimentan".
Asimismo, que se viola el artículo cuarto constitucional relativo al derecho de los niños de obtener la satisfacción de todas sus necesidades para lograr su desarrollo integral, y que "en los estados de Puebla y Quintana Roo, se encuentra en absoluto abandono y desatención".
Lo más grave del asunto, afirmó Silva Meza, es que en los expedientes relacionados con delitos sexuales cometidos en agravio de menores, se da mayor atención a los derechos del presunto responsable que a los de la víctima.