El acoso al Poder Legislativo
La ofensiva mediática lanzada en contra del Congreso mexicano obedece a la simple y elemental lógica de que ante la proximidad en la formulación del presupuesto del siguiente año fiscal y de la presentación de pretendidas reformas de fondo en materia hacendaria y energética, los legisladores sean reducidos o ablandados en sus posturas.
Principalmente aquellos ajenos a la órbita de los intereses del partido en el gobierno. Primero fueron las revelaciones de la presencia de miles de colaboradores inexistentes pero que sí cobraban sus sueldos en la nómina de la Cámara de Diputados (mejor conocidos como aviadores). Le siguió una muy extraña y cuestionable medición respecto de la "productividad" legislativa (es decir, cuántas leyes y a qué costo económico se aprobaron en el pasado periodo legislativo), para cerrar con el incremento salarial que se autoasignaron los representantes populares en San Lázaro.
Desde luego que la andanada tiene un origen, pero sus creadores y operadores no se dan cuenta del enorme daño que le infieren tanto al Presidente de la República como a la consistencia de la democracia en nuestro país. Por una parte, cuestionar sistemáticamente al Poder Legislativo, con razón o sin ella, conduce directamente a cuestionar las bases legales, institucionales, procedimentales y de legitimidad de la forma de gobierno. Alentar la ofensiva hacia las cámaras de Diputados y Senadores, que fueron electos el mismo día que el presidente Felipe Calderón, no hace sino cuestionar la representatividad de todos en su conjunto. Vulnerar la capacidad de representación del Congreso, no traslada legitimidad al Poder Ejecutivo.
Dentro de los señalamientos, el ejemplo más evidente es el siempre dudoso sistema de medición respecto de la "productividad" legislativa. Aprobar una sola ley, la del Presupuesto de Egresos de la Federación, es por mucho, más importante que leyes también secundarias cuyo radio de acción se encuentra circunscrito a una zona o temática determinada. Más aún, este criterio numérico conduce a analizar si los recursos públicos destinados son muchos o pocos para el funcionamiento del Congreso; si se gasta mucho o poco dinero, la cuestión radica en la capacidad que tengan los legisladores para propiciar acuerdos y medidas que aseguren la estabilidad política y económica orientada a la justicia social. De allí que las presiones en otros países latinoamericanos en contra de sus congresos se agudizaba cuando éstos se transformaron en un "obstáculo" a los proyectos modernizadores y neoliberales, procediendo a su disolución. Sin duda, el referente más visible es el de Alberto Fujimori, en Perú.
Es de esperar que en las siguientes semanas, conforme se aproxime el inicio del segundo año de ejercicio de la 60 Legislatura, presiones como las reseñadas aumentarán. En cambio, lo que debiera incrementarse es el diálogo y la deliberación, esencia esa sí, del trabajo político y de los procedimientos parlamentarios. Persistir en la línea del desprestigio, para que representantes populares (de cualquier ámbito de gobierno), sigan apareciendo en los últimos lugares en términos de confianza ciudadana junto con policías y jueces, es un camino que terminará por romper el orden institucional y la certeza en un futuro mejor. Y allí, todos, sin excepción, perdemos.
Si se atiende a la reflexión inicial de Andrea Manzella (El parlamento, 1987) respecto de que una de las dos formas de participar en la política es la de votar en la formación del Congreso, la otra, es actuar en un partido político. Así, se observa que para el caso de nuestro país, la función del Poder Legislativo, en tanto legitimador de los poderes de la República, resulta vital para garantizar equilibrios fiscales y generar opciones de desarrollo social. Es una gran oportunidad.