¿El terrorista bueno?
Hoy se cumplen dos años desde que la República Bolivariana de Venezuela presentó al gobierno de Estados Unidos la solicitud para la extradición de Luis Posada Carriles, un prófugo de la justicia en Venezuela, encausado por 73 cargos de homicidio en primer grado en la voladura de un avión de pasajeros.
En vez de extraditar a Posada Carriles, la Casa Blanca ha hecho todo lo posible para ampararlo en Estados Unidos. Mientras la solicitud de extradición sigue desatendida en una gaveta del Departamento de Justicia, el gobierno ha iniciado dos trámites migratorios diseñados para desviar la atención de la extradición.
El gobierno encausó al terrorista por siete cargos de fraude migratorio por haberle mentido a funcionarios de Inmigración en relación con la manera en que ingresó al país en marzo de 2005. Aunque Posada admitió haber ingresado ilegalmente al país, alegó en varias ocasiones que había cruzado la frontera con México sin haber recibido ayuda alguna de sus colaboradores de Miami, los ciudadanos de origen cubano Santiago Alvarez y Osvaldo Mitat. Estados Unidos tiene un testigo, Gilberto Abascal, que formó parte de la tripulación de la embarcación camaronera El Santrina junto a Alvarez y Mitat. De acuerdo con el testigo, ellos recogieron a Posada en Yucatán en El Santrina y lo ayudaron a ingresar ilegalmente a Florida.
La juez federal Kathleen Cardone desestimó los cargos el 8 de mayo. El dictamen de 38 páginas es una severa reprimenda al Departamento de Justicia. La juez consideró la actitud gubernamental como "impropia e ilegal", y aseveró que el gobierno cometió "fraude, engaño e hizo trampa" y que estas tácticas son "groseramente chocantes y tan indignantes que violan el sentido universal de la justicia, por eso el tribunal no tiene otra opción que desestimar las causas". Afirmó en su dictamen que "la determinación de certificar o no a un individuo como terrorista está dentro de la potestad del Ejecutivo (Casa Blanca), no con este tribunal". Y añadió: "Este tribunal no va a hacerse de la vista gorda con la mala conducta del gobierno, simplemente porque el acusado es una papa caliente política. A esta corte le incumbe, no la política, sino la preservación de la justicia penal."
A pesar de esto, la fiscalía apeló del fallo el 5 de junio. Saben que, aun cuando se revoque la decisión de la juez, Posada Carriles saldría en libertad. El propósito de esta pirueta legal no es hacer justicia sino prolongar la apariencia de estar procesando a Posada por algún delito, pues una apelación puede durar varios meses.
La Casa Blanca viene demorando el proceso, tratando de confundir al público y amparando al terrorista desde que éste desembarcó de El Santrina en Florida en marzo de 2005. Nuestra embajada en Washington pidió la detención del terrorista el 10 de mayo de 2005. Pocos días después, el 17 de mayo, el mismo día en que agentes federales finalmente arrestan a Posada en Miami, un vocero del Departamento de Seguridad afirmó que Estados Unidos no tenía la más mínima intención de enviar a Posada ni a Cuba ni a "un país que actúe a favor de Cuba". Es decir, ni a Cuba ni a Venezuela.
Para tratar de bloquear la extradición de Posada a Venezuela, el Departamento de Seguridad indujo a un juez de inmigración, William Abbott, a que dictaminara en favor de una protección para Posada, con el supuesto de que sería torturado por agentes cubanos en Caracas.
El juez acreditó el testimonio del único testigo que Posada presentó, Joaquín Chaffardet. Pero si el fiscal lo hubiera contrainterrogado, el juez se hubiera enterado de que Chaffardet había sido colega de Posada en la DISIP (el servicio de inteligencia venezolano) en la década de los años 70. Que, además, era socio de Posada en ICICA (la empresa de inteligencia que Posada dirigía en Caracas a partir de 1973), y el abogado de Posada en Venezuela. Sin embargo, el fiscal decidió no cuestionar al "testigo", y así logró que un juez de inmigración declarara lo que el propio vocero del Departamento de Seguridad había anunciado el día en que arrestó a Posada. No deportarlo a Cuba, o a Venezuela.
El resultado concreto es que se protege a un terrorista. No existe otra forma de calificar la conducta del gobierno de Estados Unidos después de estos dos años de inacción. Sin embargo, Venezuela sigue firme. El 14 de junio hemos vuelto a ratificar nuestra solicitud de detención preventiva con fines de extradición. La ley obliga a Washington a extraditarlo o a procesarlo en territorio estadunidense por la voladura del avión. La memoria de las víctimas y el dolor de los familiares exigen que se haga justicia por el asesinato a sangre fría de 73 pasajeros hace más de 30 años. El doble rasero con el cual la Casa Blanca combate el terrorismo es insostenible. No hay terroristas buenos y terroristas malos. Todos los terroristas deben ser procesados, para que rindan cuentas por los crímenes que han cometido.
* Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos