Si se comprueba que violaron a dos menores deben ser juzgados por civiles, dice un general
Exigen ONG a Soberanes no propiciar la impunidad de soldados en caso Michoacán
Si se comprueba que militares violaron a dos menores de edad en Michoacán -como afirmó el jueves el ombudsman nacional-, deberán ser juzgados en tribunales civiles, sostuvo el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, general Justiniano González Betancourt.
En tanto, diversas organizaciones civiles exigieron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, demandar que las recientes transgresiones a las garantías individuales perpetradas por elementos castrenses sean investigadas por la justicia civil, porque de lo contrario "estará propiciando y encubriendo la impunidad".
En San Lázaro, González Betancourt, quien hace dos meses negó tajantemente que en la historia del Ejército Mexicano algún militar hubiera violado a un civil, terminó por reconocer que los soldados acusados de haber incurrido en la citada agresión podrían purgar penas en cárceles del fuero común y, por tanto, perderían su empleo.
Tras reunirse con un grupo de marinos de la Armada de México que realizan un diplomado en San Lázaro, el general manifestó que "si se comprueba la culpabilidad de esos elementos del Ejército, deben ser procesados y castigados de acuerdo con la ley".
-¿No se permitirá la impunidad de los militares?
-Ninguna impunidad. Y menos en las fuerzas armadas. Nosotros basamos todas nuestras actividades en la disciplina, y cualquier violación a ésta es castigada, severamente castigada.
-¿Con la ley militar o la civil?
-Con todas las leyes. Si el delito en que incurren los miembros del Ejército no está previsto en el Código de Justicia Militar se ponen a disposición de la autoridad civil competente.
-En este caso, el de la violación, ¿se contempla en el Código Militar?
-No está. Por tanto, si se les demuestra alguna responsabilidad tendrán que ser puestos a disposición de la autoridad civil correspondiente. A todo militar, y busquen sus antecedentes, que en ocasiones han sido juzgados en el fuero de guerra y se les ha encontrado responsabilidad en el fuero común, se les procesa en el primero y se les pone a disposición del segundo, donde también son procesados. En el fuero de guerra está prevista la destitución del empleo, es decir, que para quien comete alguna infracción a la disciplina o algún delito se tiene esa opción.
En tanto, organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todos; los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fray Francisco de Vitoria y Tlachinollan, así como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos manifestaron que resulta "alarmante e inconcebible" que una vez documentadas las múltiples violaciones a las garantías fundamentales por elementos castrenses, la CNDH evite señalar con precisión la falta de idoneidad de la justicia militar para investigar y sancionar esos sucesos.
Recordaron que tanto Soberanes como la segunda visitadora de la comisión, Susana Talía Pedroza, revelaron que tanto en Michoacán como en Sinaloa está comprobada la participación de militares en las violaciones a derechos humanos de civiles, por lo que al hacer ese señalamiento sin exigir la atracción de las investigaciones por la justicia civil, "la CNDH propicia la impunidad".
Por ello, exhortaron al ombudsman nacional a demandar que estos hechos sean atraídos por las autoridades civiles. "No hay otra alternativa, la CNDH está obligada a hacer esa demanda. De lo contrario, el organismo público de protección a los derechos humanos estará propiciando y encubriendo la impunidad".