Planes y posibilidades
La presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) no causó ninguna sorpresa. Como en las versiones anteriores, desde que se inició la llamada planeación nacional del desarrollo en las épocas de López Portillo, el nuevo documento no pasa de ser un listado de buenas intenciones, ahora con el propósito de conseguir el desarrollo mumano sustentable, esto es, "el proceso permanente de ampliación de capacidades, libertades y oportunidades". Para ello el PND advierte que hace falta un crecimiento a ritmos mayores a los que hemos tenido, que permita crear los empleos necesarios para responder a los requerimientos de una población creciente en busca de trabajo.
Como otras veces, se reconoce que para que la economía crezca aceleradamente es central la inversión en activos físicos y en las capacidades de la población. El PND propone que la tarea del gobierno para incrementar la inversión física sea contribuir a que aumente la rentabilidad de los proyectos. Para el gobierno no existe problema con la disponibilidad de recursos, lo que hace falta es contribuir a la reducción general de los costos y del riesgo. En lo que hace a la mejora de las capacidades de la gente se plantea el combate a la pobreza y lograr una educación de calidad y un sistema de salud satisfactorio y profesional.
En lugar de establecer las responsabilidades centrales que debe asumir el Estado, se sostiene que debe haber una delimitación clara de su participación económica, esencialmente referida a la nivelación del terreno de juego para los diferentes actores. Se trata de que el Estado promueva la competencia y combata los monopolios. La responsabilidad fiscal y un manejo adecuado de la deuda son parte central de la estrategia propuesta. Aquí se introducen objetivos básicos: una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa, democratizar el sistema financiero cuidando su solvencia, consolidar un sistema pensionario más equitativo y con mayor cobertura, promover la creación de empleos de calidad, potenciar la productividad y competitividad de la economía y otros más.
Sin especificar una propuesta de reforma fiscal, la que ya se cabildea con la bancada del PRI, lo que se anota son apenas los propósitos elementales que aparecen en cualquier libro de texto sobre impuestos: eficiencia, sencillez, flexibilidad, transparencia, equidad y uno que no se incorpora en el plan, pero que es fundamental: legitimidad. Del lado del gasto que es, por supuesto, el que permite redistribuir recursos, los planteos son postulativos y se orientan a la supervisión en el ejercicio del gasto y no a su destino, ni al tipo de proyectos que debieran financiarse con recursos públicos, ni al papel de la inversión pública en la dinamización de la economía.
Un asunto que tiene enorme relieve es el referente al federalismo fiscal, esto es, a la relación entre las entidades federativas y el gobierno federal en materia tributaria y de gasto. En México la recaudación que realizan los estados y municipios es impresionantemente baja: 98 por ciento son impuestos federales y sólo 2 por ciento son locales, en tanto que en Estados Unidos los impuestos locales son de 31, para Brasil son de 37 por ciento, 42 para Argentina y 43 para Canadá. Ello da cuenta de una brutal centralización que genera efectos perversos que desalientan el papel recaudador de los gobiernos locales y los convierte en demandantes permanentes de recursos federales. Corregir esto es urgente. El plan no lo hace.
De modo que el PND es esencialmente retórico. Reconocer la necesidad de un crecimiento más dinámico es, obviamente, obligado. Lo notable es que el PND nos informa que en esta administración, que apenas está en su primer año de gestión, ese crecimiento y los nuevos empleos necesarios para absorber la demanda, no se van a lograr. Se afirma que "esperamos lograr un crecimiento anual del PIB del 5 por ciento al final del sexenio", lo que se lograría si se llevan a cabo "cambios importantes". De otro modo, la economía podría crecer solamente a 3.5 por ciento promedio anual.
El dinamismo buscado se logrará hasta finales del sexenio si los cambios institucionales que ellos proponen sean aprobados, lo que está por verse. Pero al establecer el compromiso económico central de este PND: "un crecimiento del PIB per cápita de por lo menos 20 por ciento de 2006 a 2012", se plantea que el incremento que se logrará será de 3.4 anual del PIB, incluso menor que el que ocurriría casi naturalmente. Así las cosas el PND será, como sus versiones anteriores, un documento que sólo servirá para cumplir el requisito legal. No tiene, ni parece proponérselo, ninguna posibilidad de éxito. Su meta económica es francamente insuficiente.