La resolución es "definitiva e inapelable por la PGR", aseguran abogados del líder
Gómez Urrutia se apunta otro triunfo en tribunales; cancelan orden de aprehensión
Tres magistrados federales cancelaron ayer en definitiva la primera orden de aprehensión librada en contra del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia y de dos funcionarios de Scotiabank que fueron acusados de haberse puesto de acuerdo entre sí para desviar los fondos del fideicomiso de 55 millones de dólares que debían ser entregados a los trabajadores por la venta de las empresas Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre, informaron los penalistas Marco Antonio del Toro y Juan Rivero.
Los integrantes del equipo de abogados del sindicato minero fueron notificados anoche de la resolución del primer tribunal colegiado penal con sede en Sonora -integrado por los magistrados Gerardo Dávila, Elsa Navarrete y Javier Rocca-, la cual es definitiva e inapelable para la Procuraduría General de la República (PGR).
Según los litigantes, con este fallo se cierra en definitiva el caso del supuesto fraude millonario, ya que dicha resolución la utilizarán para que las otras tres órdenes de captura que aún existen en contra del líder minero sean canceladas en los próximos días, porque la acusación parte de los mismos hechos.
"Los magistrados determinaron que no hubo daño patrimonial y que, por tanto, al no haber esa acción, no hubo delito; consideraron que quienes denunciaron no se les puede tener como víctimas del supuesto fraude, puesto que la única víctima reconocida es el sindicato minero, el cual ya admitió que su dirigente nunca afectó a las arcas del gremio", refirió Del Toro.
"El verdadero fraude de esto es el que hemos estado denunciando nosotros: que Grupo México, de Germán Larrea, movió a trabajadores mineros para realizar acusaciones infundadas en todo el país, y conseguir así ordenes de aprehensión respecto de un asunto que nunca tuvo fundamento legal, con la intención específica de conseguir la destitución de Gómez Urrutia", añadió Rivero.
Junto con Gómez Urrutia fueron acusados de fraude Felipe Alberto López López y Alejandro de Anda Arriaga, funcionarios de Scotiabank.
"Esta confirmación del amparo cancela la primera orden de aprehensión que fue librada por el juez segundo del fuero común con sede en Hermosillo, Sonora. Fue la primera orden de aprehensión que se libró por el tema del supuesto desvío de 55 millones de pesos, y ahora ya quedó cancelada definitivamente", puntualizó Del Toro.
A su vez, Juan Rivero recordó que la resolución de ayer fue una confirmación del amparo que el juzgado tercero de distrito concedió en primera instancia en diciembre pasado.
"Las autoridades judiciales federales resolvieron que Scotiabank entregó al sindicato minero los 55 millones de dólares y, por tanto, no se cometió ningún delito. La contraparte no integró los elementos de tipo penal sobre presuntos actos de corrupción, por lo que ninguna de las más de 250 acusaciones levantadas en Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí y el Distrito Federal proceden", agregó el penalista.
Ambos litigantes aseguraron que Gómez Urrutia cuenta con toda la documentación para demostrar el destino transparente de los 55 millones de dólares.
De hecho, indicaron, el sindicato minero entregó 24 millones de dólares a los trabajadores que laboraron en Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre, en 1989 y 1990, cuando se firmó el contrato de compra-venta entre Grupo México y el gobierno federal.
Sobre la cantidad restante (para llegar a los 55 millones de dólares), "hay manera de comprobar que se encuentra en las arcas del sindicato minero, en una cuenta de Bancomer, así como en otra que permanece congelada por la PGR; otra buena parte de los recursos fue aplicada para las necesidades del gremio".
La resolución de ayer se suma a otra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que la semana pasada determinó el no ejercicio de la acción penal.