Marchará del aeropuerto al zócalo oaxaqueño
Conmemora la APPO primer aniversario de fallido desalojo
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) realizará este jueves una marcha para conmemorar el primer aniversario del fallido desalojo policial del plantón de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de organizaciones sociales en el zócalo de la capital oaxaqueña, lo que a la postre originó el conflicto político-social.
La manifestación saldrá a las 10 horas del aeropuerto internacional Benito Juárez rumbo al zócalo, ubicado a unos 10 kilómetros de distancia. Paralelamente, los manifestantes instalarán barricadas durante la tarde y noche en los lugares donde fueron asesinados ocho de los 23 simpatizantes del movimiento, entre ellos el camarógrafo estadunidense Brad Will.
"No vamos a celebrar, sino a conmemorar el primer aniversario del inicio de la lucha del pueblo por la caída del gobernador Ulises Ruiz, porque ha cobrado muchas víctimas", declaró Daniel Rosas, secretario de Prensa del magisterio.
La conmemoración dejará sin clases a un millón 300 mil alumnos de 13 mil escuelas. La suspensión se prolongará el viernes, ya que los 70 mil trabajadores de la educación realizarán asambleas para definir si aceptan la propuesta de la Secretaría de Gobernación a sus demandas.
En la ciudad de México, la APPO aseguró ayer que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) restituir el estado de derecho y pronunciarse en favor de la aplicación de la justicia contra el gobernador Ulises Ruiz.
Carmen López Vázquez, una de sus dirigentes, confió en que los ministros actúen con imparcialidad y "sin consigna política desde Los Pinos o la Secretaría de Gobernación" en torno a lo ocurrido del 2 de junio de 2006 al 31 de enero pasado.
En este entorno, cuestionó las recientes declaraciones públicas del gobernador respecto de que Erick Sosa fue liberado como resultado de una negociación con la Secretaría de Gobernación, pero que no ocurrirá lo mismo en el caso de Flavio, porque está sujeto a un proceso penal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó la maestra, reconoce que en este caso, "como en el resto de nuestros compañeros aprehendidos se violaron garantías fundamentales. "Así que para nosotros las autoridadesinsisten en aplicar de manera discrecional y torcida la ley. Confiamos, en que la SCJN, con todas las pruebas que se han aportado, recupere un poco la credibilidad que se debe tener en las instituciones."