Se espera intenso debate acerca de si debe ejercer su facultad de investigación
Impredecible, el fallo de la Corte sobre la violación de derechos en Oaxaca
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá hoy el proyecto de dictamen en el que el ministro Juan N. Silva Meza propone el ejercicio de la facultad de investigación, previsto en el artículo 97 constitucional, para que se estudien las violaciones graves a las garantías individuales ocurridas en el estado de Oaxaca.
De acuerdo con información recabada en el máximo tribunal, se espera un amplio debate sobre el tema y una votación impredecible y dividida.
Cabe señalar que en las dos ocasiones anteriores en las que el pleno resolvió ejercer su facultad de investigación -en el caso de la periodista Lydia Cacho y en el de San Salvador Atenco-, hubo serias diferencias en el pleno sobre la conveniencia de que la Corte se involucrara.
Curiosamente, sólo dos ministros se pronunciaron en contra en ambas ocasiones: el actual presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, y Mariano Azuela Güitrón.
En el asunto de la periodista Lydia Cacho, en el que la Cámara de Diputados solicitó a la SCJN que investigara la presunta colusión de autoridades del estado de Puebla, entre ellas el gobernador Mario Marín, en la violación grave de sus garantías, la Corte determinó el 18 de abril de 2006 que sí había elementos para intervenir.
Los seis ministros que votaron en favor de la investigación fueron José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza.
En contra se pronunciaron el entonces presidente de la Corte, Mariano Azuela; el actual titular, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos y Juan Díaz Romero -quien dejó su cargo el 30 de noviembre pasado.
En aquella ocasión no estuvo presente Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien en ocasiones anteriores se ha negado tajantemente a que la Corte ejerza su facultad de investigación.
Cuando la SCJN resolvió que había elementos para investigar la grave violación de garantías individuales ocurrida en San Salvador Atenco, estado de México, la votación fue de siete contra cuatro.
En favor: José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco -quien ocupó el lugar que dejó Díaz Romero-, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Una vez que el ministro Silva Meza fijó su postura de que en el periodo del 2 de junio de 2006 al 31 de enero pasado las autoridades federales, el gobierno local que encabeza Ulises Ruiz y gobiernos municipales de la entidad "afectaron físicamente a un gran número de personas en forma cruel e inhumana", lo que se tradujo en lesionados, torturados y muertos, falta ver qué ministros se sumarán a su propuesta.
Una vez establecido lo anterior, precisó, la SCJN estaría en condiciones de emitir criterios sobre los límites de la fuerza pública, pero además haría llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de garantías, sean jurídicas o civiles, y -en su caso- su opinión sobre "posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas". Trascendió que Góngora Pimentel apoya también el proyecto de dictamen, mientras sigue en duda la postura que asumirán Cossío y la ministra Sánchez Cordero, quienes al igual que Góngora y Silva Meza se han pronunciado anteriormente en el sentido de que la Corte tiene la obligación de investigar la violación grave de garantías individuales, máxime cuando una autoridad calificada, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya emitió un juicio al respecto.