Congresos estatales aprueban cambios al artículo sexto de la Constitución
Reforma obliga a la transparencia a los tres niveles de gobierno
Los congresos estatales aprobaron por mayoría la reforma al artículo sexto constitucional, con lo que se eleva a rango constitucional el derecho a la información pública en todos los niveles de gobierno, anunció el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones.
"El día de hoy -dijo este miércoles-, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó el cómputo de los congresos estatales y constató que existe un voto mayoritario en favor de la reforma, por lo que la hemos declarado formalmente aprobada".
Precisó que para ese momento, pasadas las 14 horas, ya había remitido el decreto respectivo al Ejecutivo federal, para que a la brevedad se publique en el Diario Oficial de la Federación y con ello se garantice "el derecho de cada persona a acceder al conocimiento de cualquier asunto público".
El anuncio lo hizo ante el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Alonso Lujambio; el secretario de la Función Pública (SFP), Germán Martínez; la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, María Elena Alvarez; los gobernadores de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso; de Chihuahua, José Reyes Baeza, y de Zacatecas, Amalia García Medina, así como del presidente de la Conferencia Mexicana de Congresos y Legisladores Estatales, Pericles Olivares.
Previo a la clausura de la cuarta Semana Nacional de Transparencia, a cargo de Lujambio -quien calificó ese hecho de "histórico"-, el senador del PRI enfatizó que la reforma fue compartida por todas las fuerzas políticas del país, lo que evidencia "el poder de consenso de este tema".
También calificó la decisión del Poder Legislativo de "histórica" porque con ella se abren "amplios espacios para la participación de los ciudadanos en el escrutinio de la gestión pública y de las conductas de los servidores públicos".
Alcances de la reforma
El presidente del Senado puntualizó los alcances de la reforma, plasmados en siete fracciones agregadas al artículo sexto constitucional. Primero, la reforma garantiza que la información en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, sea pública; la reserva aplica sólo de manera temporal y excepcional por razones de interés público. Procede el principio de máxima publicidad.
Segundo, establece una limitación universal al acceso que es la protección de la vida privada y de los datos personales.
Tercero, no se debe requerir al ciudadano identificación, acreditación de interés ni justificación sobre el uso de la información; los datos personales se pueden rectificar sin condición alguna.
Cuarto, se precisan bases operativas en las leyes para hacer efectivo el derecho a la información y se establecen procedimientos de revisión expeditos que deberán sustanciarse ante órganos especializados e imparciales; éstos no pueden ser susceptibles a presiones o consignas.
Quinto, los sujetos obligados a informar deben preservar los documentos en archivos actualizados y deben difundir en medios electrónicos la gestión y ejercicio de recursos públicos.
Sexto, se determina la manera cómo los sujetos obligados deben hacer pública la información sobre los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales, entre otros aspectos.
Y séptimo, establece sanciones a los servidores públicos que incumplan las disposiciones constitucionales.
Al respecto, el titular de la SPF adelantó que, con base en sus nuevas atribuciones, empezará por sancionar a siete servidores públicos de la gestión de Vicente Fox que han incumplido con la entrega de información: dos en Petróleos Mexicanos; dos en la Procuraduría General de la República, uno en Nacional Financiera, otro en el Instituto de Tecnología del Agua y uno más en la Secretaría de Educación Pública. Las sanciones pueden ir desde inhabilitación hasta separación del cargo.