No garantiza que se cumplan resoluciones del IFAI, dice

La SFP, limitante para el acceso a la información: ONG

ELIZABETH VELASCO C.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) fue objeto de 21 quejas por incumplir las resoluciones que en 2006 emitió el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

De hecho fue de las instancias que más quejas recibieron en comparación con otras dependencias federales, según se desprende de datos oficiales del IFAI dados a conocer por la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Por otro lado, en el libro Derecho a saber, balance y perspectivas cívicas, coeditado por Fundar y el Woodrow Wilson Center, se destaca también que el IFAI y la Ley Federal de Transparencia "han tenido impacto limitado" en temas como el electoral, derechos humanos y el rescate bancario, entre otros.

Entre los documentos a los que la ciudadanía no ha podido tener acceso están: las boletas electorales del pasado 2 de julio, las actas de sesiones de la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el ejercicio de ingresos excedentes transferidos a las entidades federativas, los expedientes de quejas que obran en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros.

Al respecto, Fundar refirió que ambos, institución y legislación, "no han sido suficientes para dar a conocer documentos trascendentales que permitan saber realmente qué pasó, cómo se tomaron las decisiones, lo cual resulta en una baja rendición de cuentas en México".

La asociación civil, que dio a conocer las irregularidades cometidas por Provida con recursos del erario, refirió que las dependencias de la administración pública federal están optando por declarar la "inexistencia" de documentos, "respuesta que representa un mecanismo para evadir la divulgación de información".

En 2005, por ejemplo, las declaraciones de inexistencia representaron cinco por ciento (mil 816 de esa naturaleza), mientras que un año antes oscilaban alrededor de 3 por ciento. Aunque, precisó Fundar, hay datos oficiales que "subestiman la frecuencia con la cual las dependencias declaran inexistencia".

Añadió que "se ha detectado una cantidad significativa de casos donde la dependencia declara la inexistencia, pero clasifica su respuesta bajo otra categoría en el Sistema de Solicitudes de Información, o en el transcurso de un recurso de revisión puede modificar su respuesta inicial".

Además es difícil apelar una declaración de inexistencia por un ciudadano, aclaró Helena Hofbauer, directora de Fundar, ya que el IFAI tiene capacidad limitada para lograr que sus decisiones se acaten.

"En la práctica, haber confiado en la capacidad de la SFP para aplicar sanciones en los casos de incumplimiento de las disposiciones del IFAI, ha resultado en un respeto limitado al acceso a la información", afirmó.