Inquietud entre ministros de la Corte por la posible creación de un tribunal constitucional
Calderón avaló por anticipado la decisión sobre la ley Televisa
El Presidente de la República ''ya había leído'' el proyecto de resolución elaborado por Salvador Aguirre Anguiano, el cual le pareció ''muy bueno'', indican fuentes de la SCJN
La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de diversos artículos de la llamada ley Televisa contaba con el aval del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, antes de que el asunto fuera discutido en sesión pública, a partir del 28 de mayo pasado.
Trascendió lo anterior en el máximo tribunal, donde además se reconoció que existe inquietud entre los integrantes de la Corte por las consecuencias que tendrían sus decisiones adoptadas en torno a un asunto en el que afectaron fuertes intereses económicos y políticos.
El impacto más grave, reconocieron ministros consultados, sería que se consolidara la propuesta de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República de crear un tribunal constitucional que asumiera la resolución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, principalmente, las cuales son competencia de la SCJN. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) ha hecho saber que se opone, por el momento, a la
creación de un tribunal con esas características.
Cabe señalar que la aprobación de un organismo como el mencionado implicaría necesariamente la remoción de los actuales ministros, o por lo menos los que se han distinguido por defender una postura autónoma e independiente, sostuvieron los funcionarios entrevistados.
Por otra parte, las fuentes señalaron que la razón por la cual se lograron los ocho votos necesarios para invalidar artículos ''claves'' de las leyes federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión (LFRT) es que sabían que el presidente Felipe Calderón ''ya había leído'' el proyecto de resolución elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el cual le pareció ''muy bueno''.
Este comentario, aunado al cabildeo que llevó a cabo el senador panista Santiago Creel -con la venia del Ejecutivo federal- con los ministros, a quienes dijo en privado que Calderón apoyaría en todo la resolución que adoptaran, ayudó a convencer a los juzgadores que aún estaban indecisos sobre la inconstitucionalidad de diversos artículos de las citadas leyes, y terminó por reafirmar los puntos de vista de quienes desde un principio habían hecho saber -en público y privado- su oposición a la entrega a perpetuidad, de manera gratuita y de forma inconstitucional, del espectro radioeléctrico a las dos principales televisoras y cadenas de radio a nivel nacional.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, el primero en conocer el proyecto de resolución elaborado por Aguirre Anguiano fue el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña -quien por cierto es paisano del ministro-, quien recibió el documento antes que los magistrados.
Fue hasta el 3 de mayo pasado en que Aguirre Anguiano -una vez que recibió señales de Gobernación de que no había problema con el sentido del dictamen- repartió su proyecto de resolución entre sus compañeros.
Inclusive, para evitar filtraciones resolvió enviar el documento directamente a los domicilios de los ministros la tarde de ese día; sin embargo, Aguirre no contaba con que al haber entregado también el texto a todas las partes involucradas en el juicio, sólo fuera cuestión de horas la difusión pública del mismo.
Fuentes de la Corte añadieron que el 5 de mayo pasado, en el contexto de la conmemoración de la batalla de Puebla, Calderón le confió al ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, que ya había leído el dictamen de Aguirre y que le pareció ''muy bueno''.
El comentario, apuntaron los funcionarios consultados, confirmó lo dicho por Creel Miranda a los juzgadores días antes, de que había ''luz verde'' de la Presidencia de la República, no sólo para actuar ''conforme a derecho'', sino que además el pleno contaba con la promesa del Ejecutivo federal de que la resolución de los ministros sería acatada y llevada a la práctica.
Falta ver el desenlace de la propuesta de senadores perredistas y priístas de crear un tribunal constitucional.