Recibe amenazas de muerte; prometen autoridades resultados de las investigaciones
Asignan escoltas a Idelfonso Zamora y familia
Ampliar la imagen Idelfonso Baldomero Zamora, presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo en el municipio de Ocuilan, se reunió con el secretario general de Gobierno, Humberto Benitez Treviño, para hablar sobre el tema del asesinato de Aldo Zamora Foto: Agencia MVT
Toluca, Mex., 4 de junio. Las amenazas de muerte que recibe frecuentemente Idelfonso Zamora, presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, por señalar a los talamontes que operan en la sierra de Zempoala como responsables del asesinato de su hijo, Aldo, obligaron a las autoridades mexiquenses a brindarle, a partir de este lunes, seguridad personal a él y a su familia.
El comunero ambientalista contará día y noche con al menos dos elementos de seguridad a su lado, además de las brigadas de campesinos que se han organizado en el poblado de San Juan Atzingo para protegerlo de ataques de taladores furtivos.
Este lunes el comunero se reunió con el procurador de Justicia mexiquense, Abel Villicaña, y con el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez, para conocer los avances de la investigación sobre el homicidio de su hijo Aldo, perpetrado el 15 de mayo por presuntos rapamontes.
Idelfonso Zamora exigió a los funcionarios dejar los discursos a un lado y capturar a los asesinos de su hijo, quienes, a su ver, están plenamente identificados. También les solicitó detener a toda la banda de talamontes que opera en Ocuilan, ya que de otra forma continuará la depredación de los bosques y los pobladores del municipio correrán peligro si denuncia a esos delincuentes, quienes, según el activista, también se dedican al robo de autos.
Las autoridades respondieron que se trabaja para cumplir las órdenes de aprehensión lo antes posible, y prometieron que ''en breve'' habrá ''resultados efectivos''.
El secretario general de Gobierno destacó que se han turnado iniciativas al Congreso local para endurecer las penas a quien tale árboles sin permiso, y para tipificar esta actividad como delito grave, a fin de evitar que los presuntos responsables salgan libres bajo fianza.
Indicó que la Promotora de Bosques y la Agencia de Seguridad Estatal han realizado operaciones contra la tala clandestina, no sólo en Ocuilan, sino también en otras zonas críticas como el parque Izta-Popo, y ofreció continuar con estas acciones coordinadas entre las autoridades mexiquenses y el Ejército Mexicano.
Además de reclamar a las autoridades por intervenir tardíamente, Zamora manifestó que es fundamental que los gobiernos federal y estatal continúen interesados en preservar los bosques. ''La única resignación que tengo es que la muerte de mi hijo pueda contribuir a algo bueno, a que las autoridades tomen en serio el problema de la tala y se pongan a trabajar'', dijo.
Idelfonso estuvo acompañado por activistas de la organización ambientalista Greenpeace, entre ellos la directora ejecutiva de la institución en México, Patricia Arendar, quien señaló que las autoridades atendieron el asunto gracias a la presión social y mediática.