El trabajo doméstico, sin reconocimiento jurídico, señala
Persiste la desigualdad laboral para mujeres en México: ONU
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 25 de mayo. La coordinadora del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Regina Tamés Noriega, aseveró que faltan cambios en el marco normativo mexicano para garantizar los derechos de la mujer. La diplomática presentó un avance del diagnóstico actualizado que el organismo elabora en este país, en el que señaló al menos 20 nuevas observaciones en la materia.
Explicó que persiste la inequidad en los derechos laborales de hombres y mujeres. También señaló la falta de reconocimiento al marco jurídico del trabajo doméstico y los altos índices de violencia sexual, entre otros puntos.
Precisó que en 2003 la oficina a su cargo realizó el primer diagnóstico mundial sobre la situación de la mujer en México. A raíz del informe se solicitó al entonces presidente de la República -Vicente Fox- 224 propuestas para mejorar la situación de este gremio, algunas de las cuales se han cumplido.
Actualmente, dijo, se reajusta el diagnóstico cuyos puntos nodales giran en torno a la preocupación por la ausencia del reconocimiento jurídico del trabajo doméstico, de medidas de protección a las madres solas, de la conciliación de la vida laboral y familiar, así como por la ausencia de adopción de medidas especiales y temporales a favor de trabajadoras.
Tamés Noriega precisó que a nivel estatal es necesaria una revisión exhaustiva de los códigos penales y civiles que contienen disposiciones contrarias a los compromisos internacionales. Agregó que subsisten legislaciones en los que el tipo penal de estupro sólo es considerado delito si la menor era casta u honesta al momento de la violación, donde no se penaliza a la persona responsable si ésta contrae matrimonio con la menor.
Respecto a la violencia doméstica, la diplomática destacó que aún hay entidades federativas donde se exige a las mujeres que haya sido reiterativa para que pueda tipificarse como delito. Planteó crear un mecanismo de seguimiento y evaluación de los procesos iniciados para la armonización de la legislación nacional y locales, con los instrumentos internacionales, de la cual rindan cuentas los propios poderes legislativos.
Por otro lado sugirió la tipificación del delito de discriminación en las entidades federativas, incluyendo la segregación por orientación sexual.
Mencionó que en los tres años pasados ha habido altas y bajas en el sistema normativo porque, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que las relaciones sexuales forzadas entre el matrimonio constituyen el delito de violación, tuvo un retroceso cuando resolvió de manera desfavorable sobre los criterios para comprobar la violencia familiar como causal de divorcio.
La funcionaria expuso su preocupación por los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde los casos aumentan y las investigaciones no avanzan, además de que existen otras entidades con la misma problemática; e incluso situaciones graves como lo sucedido en San Salvador Atenco, donde hubo abusos sexuales contra al menos 37 mujeres.
Sustentó que los retos para eliminar la violencia contra las mujeres en México son muy grandes.