Credibilidad
La ausencia de credibilidad se ha convertido en un común denominador, casi todas las instituciones generan desconfianza, la población no cree en la policía, partidos políticos, sindicatos y legisladores, las iglesias son cuestionadas por su lejanía con los valores que promueven. Esta visión se confirma con el Informe global de corrupción 2007, de Transparencia Internacional, publicado hace un par de días en Londres, al señalar que el 80 por ciento de la población mexicana percibe al sistema judicial como corrupto.
La distancia entre ciudadanos e instituciones parece aumentar, el gobierno del cambio decepcionó al reproducir los viejos vicios, cambiar de partido no significó solución alguna. Todo indica que quienes ocupan puestos de decisión están más preocupados por sus propios intereses que en atender las preocupaciones de la sociedad. Mientras el país se enfrenta a un creciente nivel de desigualdad, un pequeño sector de la población ostenta estar encantado de la vida y reclama que nada cambie.
Observemos dos temas de interés nacional. La necesidad de reformar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) parecía evidente, hace tiempo que los servicios médicos sufrían deterioro constante, el número de camas es insuficiente y los enfermos padecen largos períodos de espera. Como en otras instituciones similares del mundo, las reglas pensionarias requerían ser modificadas por cambios en la dinámica poblacional, epidemiológica y de empleo; sin embargo, en lugar de plantearse claramente estos problemas, la mayoría de los legisladores optaron por un acuerdo cupular al margen de la voluntad de sus representados. Muchos de ellos ni siquiera leyeron la ley, eso sí, sin vergüenza alguna aprobaron un artículo decimosexto transitorio con privilegios especiales aplicables sólo para diputados y senadores. Confírmelo usted.
La aprobación de la nueva Ley del ISSSTE abonó la desconfianza y falta de credibilidad, porque se sustentó en mentiras burdas como prometer mejores pensiones o negar la privatización de las mismas. Buena parte de los trabajadores del Estado respondieron a su modo acudiendo al amparo; el resultado consta en más de 163 mil expedientes, muchos de ellos abarcando por sí solos a miles de quejosos; tan sólo dos amparos los suscriben más de 10 mil. Si son más o menos de medio millón de quejosos no importa tanto, lo indiscutible es la inconformidad de los destinatarios de la reforma.
Los legisladores que aprobaron la ley debieron examinar los estragos ocasionados por el sistema individualizado de cuentas y el abuso de las Afore en el sistema de pensiones -iniciado en nuestro país hace diez años para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-, pero jamás se llevó a cabo este diagnóstico fundamental. El propio presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha reconocido las millonarias ganancias de las Afore, que contrastan con el salario mínimo que percibirá la mayoría de los jubilados. Al aprobar la Ley del ISSSTE se optó por un camino que había demostrado serios problemas en Chile, basta señalar que este gobierno se ha visto obligado a aportar 5 mil millones de dólares anuales para cubrir las deficiencias del sistema. Los creadores de la ley ignoraron otras experiencias más cercanas a la realidad mexicana mediante sistemas mixtos que permitieran que el destino de los fondos y sus beneficios se orientaran a favor de los propios trabajadores y no al de las compañías aseguradoras privadas, que son las verdaderas triunfadoras de esta legislación.
Hace poco más de un año, el Poder Legislativo actuó de manera similar con motivo de la aprobación de la ley Televisa. Nuevamente los intereses públicos se hicieron de lado y se comprometió un patrimonio esencial para la población. Resulta difícil imaginar un tema más trascendente para el futuro del país que la función social de los medios de comunicación. Día tras día, la población se entera con nuevas evidencias de las maniobras, ayer denunciadas, hoy confirmadas. Los legisladores, sin dar la cara a sus electores, traicionaron su mandato poniéndose al servicio de un pequeño grupo de millonarios. La población necesitada de educación, información veraz para su mejor organización y superación de condiciones de vida; las comunidades alejadas, y el futuro de la gente común y corriente quedaron acorralados; hoy deben confiar en que nueve ministros del máximo tribunal de justicia tengan la valentía suficiente para hacer prevalecer el orden constitucional. Obviamente no se trata de un problema técnico, cualquier persona entiende que los medios de comunicación no se pueden someter a remate, sería absurdo hacerlo con el agua, el aire o el derecho a los servicios públicos.
La evidente fractura entre la ciudadanía y sus representantes formales, especialmente los legisladores, obliga a revisar el método de toma de decisiones en las cámaras. El acuerdo cupular, que empieza a convertirse en costumbre, no puede sustituir el debate público informado, confrontado con la visión de los ciudadanos. Para favorecer este cambio los opositores o partidos inconformes deberán participar con propuestas viables e integrales, formalizadas en iniciativas de ley, que permitan convencer a la población de que hay otros caminos mejores en cada uno de los temas de la agenda.
Nadie debería festejar la crisis de credibilidad que crece en nuestro país, porque cierra caminos para todos e impacta a las nuevas generaciones, en general resistentes a involucrarse como en otros tiempos, en esfuerzos en favor de la justicia y la solidaridad. Si este desencuentro se consolida, será cada vez más difícil transitar hacia la reforma institucional que requiere nuestro país.