Un futuro sin miedo
El pasado miércoles Amnistía Internacional presentó su Informe 2007, en el que documenta las cuestiones de derechos humanos que motivaron su preocupación en 2006. En la introducción, significativamente titulada Libertad frente al terror, su secretaria general explica las graves violaciones a los derechos humanos que en cadena se dan contra las personas y grupos en el mundo actual, como productos del miedo, el cual, como nosotros sabemos, en los manuales de contrainsurgencia es propuesto por los regímenes autoritarios como medida de desmovilización social y de control político. Con la experiencia que le ha dado la investigación de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, y sin pretender desde luego hacer un análisis estructural completo, menos desde la perspectiva de América Latina, en la raíz de esta situación sicológica individual y colectiva, Irene Khan encuentra de manera pertinente al "capitalismo desenfrenado" -con sus secuelas de desigualdad social, pobreza, delincuencia y violencia-, en el contexto de gobiernos débiles y corruptos, empresas y actores económicos refractarios a una regularización internacional obligatoria, una política ineficaz contra el terror, e incluso organismos internacionales de protección a los derechos humanos ineficaces. Todo lo cual ha producido una manera errónea y perversa de enfrentar los masivos problemas sociales como migración, marginación, discriminación, disentimiento, inseguridad y violencia, conculcando derechos humanos y comprometiendo de manera efectiva el bienestar de todos. Al fin y al cabo los derechos humanos son obstáculos para la expansión actual del capitalismo mundial.
En congruencia con la misión de su organización, al final, la secretaria general propone un futuro sostenible sin miedo, basado en el fortalecimiento verdadero del estado de derecho y en la garantía de los derechos humanos, y en un rechazo de una mentalidad propia de la guerra fría. "Un sistema basado en el estado de derecho -sostiene Irene Khan-, que funcione adecuadamente en el ámbito nacional, es la salvaguardia última de los derechos humanos. Pero tal sistema, si pretende ser verdaderamente justo, ha de incluir a las mujeres y a los sectores desfavorecidos."
"La mayoría de las personas indigentes -dice con razón- no están amparadas por la ley. Para que su inserción en el sistema sea significativo -añade-, es necesario hacer efectivos los derechos económicos y sociales, materializándolos en políticas y programas públicos." Para ello se requiere, igualmente, revitalizar la reforma de la ONU en materia de derechos humanos, eliminar el exclusivismo político y la manipulación de su nuevo consejo en la materia, y que el nuevo secretario general haga valer su liderazgo como defensor de los derechos humanos. Para lograrlo se cuenta sobre todo con la gran reserva, cada vez más amplia, de la organización de la sociedad civil, a la que también ella considera como el hecho más significativo que permite albergar esperanzas de transformación en el panorama de los derechos humanos.
Para la secretaria general de Amnistía Internacional, en efecto, si la migración no regulada es el miedo de las clases ricas, el capitalismo desenfrenado -impulsado por la globalización y cuyos efectos sociales son muy dispares, tanto en el ámbito mundial, como en cada país- es el temor de los pobres.
Además, la debilidad, el gran empobrecimiento y, con frecuencia, la profunda corrupción de ciertos Estados, han generado un vacío de poder que están llenando las empresas y otros agentes económicos, los cuales llevan tiempo resistiéndose a normas internacionales vinculantes. Por ello, la respuesta a esa situación no radica, de fondo, en la construcción de muros para impedir la entrada, sino en la promoción de sistemas que protejan los derechos de las personas vulnerables, al mismo tiempo que se quieran respetar las prerrogativas de los Estados para regular la migración.
"El aumento de la delincuencia y la violencia armada -dice también- son fuente de miedo constante, lo que ha llevado a muchos gobiernos a adoptar políticas que en teoría combaten enérgicamente la delincuencia, pero que en realidad criminalizan a los sectores más desfavorecidos y los exponen al doble peligro de las bandas y la brutalidad policial." Y como si pensara en nuestro propio país, afirma enfáticamente que proporcionar seguridad a un grupo de personas, a costa de los derechos de otros, no soluciona el problema.
"La experiencia muestra que la mejor forma de reforzar la seguridad pública es mediante un enfoque integral, que combine una actuación policial mejorada, con la provisión de servicios básicos, como la atención a la salud, la educación y el alojamiento de las comunidades más desfavorecidas, de modo que éstas sientan que defender la seguridad y estabilidad de la sociedad, redunda en beneficio propio". Pues, como afirma Irene Khan, la sociedad no quiere vivir bajo el síndrome del miedo, sino de la sostenibilidad.