Ocurren tres homicidios más en Nuevo León

Por estrés, juez pide licencia; trabajaba en una ejecución fallida

DE LOS CORRESPONSALES

El juez primero de lo penal con sede en Villahermosa, Tabasco, Manasés Silva Olán, quien atendía el caso del intento de ejecución contra el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Fernández Solís -perpetrado el pasado 6 de marzo- solicitó licencia al cargo. Fuentes judiciales sostuvieron que la petición se debió a amenazas contra el togado, quien argumentó "padecer estrés".

El titular del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tabasco, Rodolfo Campos Montejo, reconoció que el organismo aún no designa al sustituto de Silva Olán, y destacó que siguen adelante los trabajos del juzgado en el que se ventila el expediente 091/2007, en contra del ex secretario de Seguridad Pública Juan Cano Torres, y los ex mandos policiacos José Fernando Santiago Rodríguez y David Sánchez Alejandro, presuntamente implicados en la agresión a Fernández Solís, durante la cual murió un escolta.

La petición de licencia de Manasés Silva se sumó a la renuncia del subdirector de Averiguaciones Previas de la Procuraduría tabasqueña, Felipe López Caníbal.

Por otra parte, los asesinatos documentados diariamente atribuidos al crimen organizado se redujeron entre martes y miércoles a únicamente tres, ocurridos en Nuevo León, entidad en la que este año se han suscitado 71 homicidios de este tipo. También hubo ayer dos levantones (secuestro sin intención de rescate) en territorio nuevoleonés, uno de ellos en contra de un hijo del director de la Policía Municipal de Santa Catarina, Jesús Celso Martínez Rodríguez. El joven fue dejado ir por sus captores muy cerca de donde lo interceptaron, lo que se interpretó como "un aviso" para el jefe policiaco.

En este contexto, elementos del Ejército Mexicano detuvieron en la cabecera municipal de Huetamo, Michoacán, a los policías municipales César Santibáñez y Esau Arizmendi. Las fuentes oficiales consultadas no informaron sobre los cargos imputados a los efectivos, pero aseguraron que en la acción se pretendía arrestar también al director de Seguridad Pública de esa localidad, Luis Enrique Hernández, a quien los militares no localizaron.

Mientras, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Preventiva del estado de Oaxaca hallaron en el poblado El Tomatal, municipio de Santa María Huatulco, dos camionetas en las que había 15 armas largas, que supuestamente fueron usadas en el ataque de presuntos narcotraficantes a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en esa demarcación, perpetrado el sábado pasado. En ese incidente murió el civil Raúl Antonio Carrillo del Pozo, supuesto madrina de la Agencia Federal de Investigación.

Además, la noche del martes cesó el paro que unos 800 policías municipales de Torreón, Coahuila, realizaron durante casi 40 horas para exigir incremento salarial, garantías económicas a sus familias en caso de perder la vida en cumplimiento del deber, así como jornadas laborales de ocho horas, no de 16. El movimiento concluyó una vez que el ayuntamiento ofreció a los uniformados aumentarles el salario en 700 pesos mensuales, un seguro de vida equivalente a 300 mil pesos, y jornadas de ocho horas.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, insistió en que el Ejército Mexicano debe abocarse a las actividades propias, y abandonar el combate al narcotráfico en diversos estados del país. Argumentó que las acciones contra el crimen organizado deben efectuarse "con inteligencia y no con balas".

Entrevistado en Cuernavaca, el ombudsman nacional reconoció que la ola de violencia "es inédita" en la historia de México.

De su lado, el embajador de Alemania en México, Roland Wegener, dijo en la capital de Querétaro, que solicitó al gobierno federal garantías suficientes en materia de seguridad, pero destacó que la inversión de su país en México no se ha inhibido por la actividad del crimen organizado.

Con información de René A. López, David Carrizales, Ernesto Martínez, Octavio Vélez, Leopoldo Ramos, corresponsalía en Morelos y Mariana Chávez