La Permanente expresa su preocupación por los magros resultados de operativos

El Congreso insta a Calderón a capacitar policías para que el Ejército deje las calles

"Estamos llevando al deterioro a una institución fundamental del país": Graco Ramírez

ANDREA BECERRIL

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al presidente Felipe Calderón a profesionalizar y capacitar a los cuerpos policiacos, con el propósito de evitar "el despliegue del Ejército Mexicano" en el combate al narcotráfico y otras tareas civiles de seguridad pública.

El PAN votó en contra de ese acuerdo en el que se pide dejar de considerar a los militares como el único medio para enfrentar al crimen organizado, con la finalidad de que el Ejército deje de patrullar las calles y recobre sus actividades propias de protección del territorio y la soberanía nacionales.

En el dictamen, que aprobaron después los senadores y diputados de PRI, PRD, PT y Convergencia, se advierte que la intervención del Ejército en funciones de seguridad pública "ha cobrado dimensiones mesiánicas", al grado que se le ha considerado en algunos medios como la única solución al problema del narcotráfico".

Asimismo, la Comisión Permanente expresó preocupación ante los pocos resultados de los operativos contra el narco y el riesgo de exponer al Ejército, que es de las pocas instituciones mexicanas "que han preservado un nivel aceptable de credibilidad".

Los legisladores del PAN trataron de rebatir los argumentos de los perredistas en el sentido de que el Ejército no puede permanecer patrullando las calles los próximos seis años, como lo pretende Calderón. "Eso sí sería muy peligroso para la democracia y para el mismo estado de derecho", advirtió el diputado Raymundo Cárdenas.

El senador panista Alejandro Zapata Perogordo salió en defensa de la estrategia del gobierno federal, y aseguró que no se logrará en el corto plazo acabar con la violencia y la inseguridad, y consideró incongruente que el diputado perredista por Guerrero, Humberto Zazueta, hubiera propuesto ese punto de acuerdo, sobre todo porque el gobernador de esa entidad, Zeferino Torreblanca, es el que más ha insistido en la intervención de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico.

Igualmente, el diputado Cruz Pérez Cuéllar argumentó en contra y aseguró que al pedir el repliegue del Ejército a sus cuarteles, se da un mal mensaje a los mexicanos, "el que la Permanente quiere que se dé marcha atrás ante el crimen oganizado". Insistió en que hay responsabilidad del Congreso por no haber aprobado las iniciativas de Calderón en materia de seguridad y justicia.

En respuesta, el diputado perredista Andrés Lozano Lozano hizo notar que no hay una política integral en materia de seguridad pública, y de persistir la decisión de mantener a los militares permanentemente en el combate al tráfico de drogas, lo que lograrán es desgastar a las fuerzas armadas y ponerlas en riesgo.

El senador Graco Ramírez, también perredista, resaltó que los resultados de los operativos en que participa el Ejército han sido nulos, y recordó las muchas denuncias contra militares por violaciones de mujeres y atropellos contra la población.

"Estamos llevando al deterioro a una institución fundamental del país, porque la población comienza a rechazarla", insistió.

A una fuerza entrenada para la guerra, para la lógica de combatir al enemigo, no se le pueden dar tareas cotidianas, que corresponden a cuerpos especializados. Coincidió con el diputado Cárdenas en que el punto de acuerdo sólo propone a Calderón profesionalizar a los cuerpos policiacos, para que cumplan con su tarea.

Ramírez respondió a los panistas que las iniciativas de Calderón conculcan derechos fundamentales con el pretexto de combatir criminales; quieren actuar a "garrotazo limpio" contra todos, no sólo con los delincuentes.

Los legisladores del PRI no participaron en el debate, pero votaron en favor del punto de acuerdo, que deberá comunicarse a la Presidencia de la República.

Durante la sesión y también con el voto en contra del PAN, se aprobó que la Comisión Permanente exhorte al gobernador de Baja California, Eugenio Elorduy, a separar de su cargo al procurador general de justicia de la entidad, Antonio Martínez Luna, en tanto sea investigado por sus vínculos con el narcotráfico.

Todas las fuerzas políticas, a excepción del PAN, aprobaron también exhortar al titular de al Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, a atraer la investigación de la presunta complicidad de autoridades policiacas de Baja California con el crimen organizado.