Exige Francisco Toledo al gobierno respeto a las garantías
Denuncian acoso a abogados de presos del movimiento oaxaqueño
Oaxaca, Oax., 23 de mayo. El Comité de Liberación 25 de Noviembre, creado por el pintor Francisco Toledo para lograr la excarcelación de simpatizantes del movimiento magisterial y popular en Oaxaca, dio a conocer que varios de sus abogados han sufrido acoso, vigilancia y amenazas vía telefónica por parte de presuntos policías locales, por su participación en la defensa jurídica de ''presos políticos y de conciencia''.
En Oaxaca, ''después del 25 de noviembre hemos vivido de facto en un estado de excepción, donde se ha negado y violado toda garantía constitucional y derecho humano a los detenidos y en general al pueblo de Oaxaca'', afirmó en conferencia de prensa Mayé Arellanes Cano, integrante de la organización no gubernamental.
De su lado, el artista juchiteco Toledo condenó la persecución al organismo y exigió al gobierno estatal respetar las garantías individuales de los integrantes del mismo. ''Nos irrita mucho (el hostigamiento), es una falta de respeto a la labor que están haciendo, pues están tratando de ayudar a que se acabe con las injusticias'', señaló.
Arellanes Cano expuso que la violencia institucional de la administración estatal, desatada en contra de organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas, viola la Constitución General y la estatal, así como los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Explicó que la persecución se ha centrado en el abogado Jesús López García, quien después de regresar de un viaje por Europa para divulgar la represión que se padece en el estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una averiguación previa en su contra por el robo de un automóvil.
Añadió que Alejandro Noyola, otro de los abogados de la ONG, ha recibido amenazas de muerte vía telefónica, además de sufrir daños en su vehículo y robo de pertenencias. Eduardo Matías Aquino, otro colaborador, también ha sufrido acoso y hostigamiento.
Estos actos, añadió Mayé Arellanes, ''se han llevado a cabo por elementos que forman parte de cuerpos policiacos y parapoliciacos, lo que nos hace suponer que hay órdenes expresas de sus superiores jerárquicos''. En este sentido, atribuyó la persecución y responsabilizó de la seguridad personal de los abogados al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, al procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez y al secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, estos dos últimos ex presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ''lo cual desacredita la objetividad e imparcialidad'' de ese organismo.
Por su parte, el ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Felipe Martínez Soriano, aseguró que no se ha escondido ni lo hará, a pesar de haber una orden de aprehensión en su contra por supuestamente participar en los incendios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y otros inmuebles, ocurridos el 25 de noviembre del año pasado, durante el enfrentamiento entre simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Policía Federal Preventiva (PFP).
El líder del Movimiento Democrático Universitario en Oaxaca durante la década de 1970 fue acusado por la procuraduría estatal de los delitos de sedición, asociación delictuosa y daños por incendio, pues, según presuntos testigos, llegó corriendo al edificio del TSJE para incendiarlo y después huir también corriendo junto con la doctora Bertha Muñoz, locutora de Radio Universidad durante el movimiento oaxaqueño, entre otros activistas de la APPO.
''¿Cómo es posible que a mis casi 78 años de edad me haya ido corriendo después de incendiar (el edificio del TSJE), cuando tengo antecedentes de un infarto, tres operaciones en una rodilla y un problema de tipo pulmonar que no me permiten hacer mayores ejercicios? Camino, pero no corro, eso es imposible para mí'', comentó Martínez Soriano.