Editorial

Clamor: las fuerzas armadas no son policía

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se sumó ayer al clamor contra el uso de las fuerzas armadas en labores que corresponden a instituciones civiles de seguridad pública y exhortó al Ejecutivo federal a que fortalezca las corporaciones policiales en materias de investigación, prevención y protección, "a fin de evitar el despliegue del Ejército Mexicano en tareas civiles de seguridad pública". Llamados similares formularon la sección mexicana de Amnistía Internacional, cuya presidenta, Liliana Velázquez, destacó que la participación de los militares en tareas propias de la policía implica el riesgo "de que resulte en graves violaciones a los derechos humanos", y el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, quien reiteró que el empleo de las instituciones castrenses en el combate a la delincuencia organizada, si bien legal, partió de "una situación de excepción que se ha convertido en regla".

Ciertamente, el Poder Ejecutivo no está legalmente obligado a acatar los exhortos del Legislativo ni a atender los llamados de organismos humanitarios, oficiales o no, y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cobertura constitucional al despliegue de los militares en labores policiales.

Sin embargo, el calderonismo no cuenta con el margen político necesario para desoír la creciente irritación social por esta situación anómala, ignorar los crecientes indicios de atropellos y abusos cometidos por los uniformados en el contexto de los despliegues de lucha contra el narcotráfico en diversas entidades, o empecinarse en ellos pese a la exasperante falta de resultados de tales movilizaciones.

El país asiste al empantanamiento presidencial en una guerra que, en sus términos actuales, no puede ser ganada por el gobierno y que plantea, por el contrario, riesgos de una derrota mayúscula para las instituciones civiles y militares. Los operativos, que parecen haber sido concebidos para el lucimiento mediático de convicciones supuestamente legalistas, han servido, en cambio, para que las organizaciones delictivas muestren su poder de corrupción y de fuego. En vez de que las movilizaciones lleven seguridad y tranquilidad a las regiones en las que tienen lugar, han agudizado en ellas la violencia y la zozobra. Los empeños oficiales por hacer respetar la ley por medio de la fuerza bruta han derivado en violaciones a los derechos humanos, los cuales, ha de recordarse, también forman parte del marco legal vigente en el país. Por añadidura, se está exponiendo a las fuerzas armadas a la animadversión popular y a la infiltración y al soborno de los grupos criminales.

Si estas consideraciones no bastaran para hacer ver al gobierno actual la inconveniencia de persistir en el recurso a los militares, hay una, adicional, de orden político, que no debiera ser soslayada: la actual administración, caracterizada por un déficit primigenio de legitimidad, y cuestionada e impugnada de origen por una importante porción del electorado, no debiera permitirse a sí misma el empecinamiento en acciones de gobierno que resultan inaceptables para una oposición legislativa claramente mayoritaria.