Asegura tener pruebas contra Andrei Lugovoi por envenenar con polonio a Litvinenko

Londres pide a Moscú la extradición del presunto asesino de ex espía ruso

Rusia responde que la Constitución impide entregar a ciudadanos que hayan delinquido en el extranjero

El acusado reitera su inocencia y advierte que hará revelaciones que "conmocionarán a los británicos"

JUAN PABLO DUCH

Moscú, 22 de mayo. La decisión de la fiscalía británica de fincar responsabilidades penales contra el ciudadano ruso Andrei Lugovoi como presunto autor material del homicidio del ex espía Aleksandr Litvinenko, acerbo crítico del presidente Vladimir Putin que murió en Londres el pasado 23 de noviembre al ser envenenado con polonio 210, pone en una situación muy delicada al Kremlin.

Si Rusia deniega la extradición de Lugovoi, también ex espía, solicitada este martes por Gran Bretaña, la reputación de las autoridades de este país quedaría en entredicho por asumir una conducta equiparable a encubrir al responsable de "un crimen grave y extraordinario", según calificó el director de procesamientos públicos de la fiscalía británica, Ken Macdonald, los hechos que se incriminan al sospechoso ruso.

Porque esa negativa sólo daría la razón a quienes sostienen que los autores intelectuales del asesinato de Litvinenko están en Moscú. La mejor forma de disipar cualquier duda al respecto sería entregar a Lugovoi a la justicia británica, más aún que ésta asegura tener "pruebas suficientes" para presentar cargos en su contra por "envenenamiento deliberado".

Pero aun antes de conocer esas evidencias, la procuraduría rusa y un numeroso coro de voceros identificados con el Kremlin ya adelantaron que Rusia no va a extraditar a Lugovoi debido a que el artículo 61 de la Constitución impide entregar a ciudadanos rusos que hayan cometido algún crimen en territorio de otro Estado, los cuales podrán ser juzgados sólo aquí.

Y es que ese tipo de respaldo incondicional a un presunto asesino, ante la indefensión jurídica en que la indiferencia del gobierno ruso coloca a la mayoría de sus ciudadanos acusados de delinquir en el extranjero, sólo se da en este país cuando el perseguido por otro Estado es un alto funcionario involucrado en tramas de corrupción o un agente de los servicios secretos elevado a categoría de héroe anónimo, tras cumplir poco menos que un "servicio a la patria".

Ahora todo va a depender de la solidez de las pruebas para inculpar a Lugovoi que asevera haber reunido Scotland Yard, la policía metropolitana de Londres, durante los seis meses de minuciosa investigación que, como si fuera un desafío a su competencia por parte de un poderoso servicio de inteligencia foráneo, llevó a cabo en las capitales británica y rusa.

Además, la policía londinense contrastó sus conclusiones con los datos proporcionados por sus colegas de Alemania y otros países de Europa en que, a través de la Interpol, se siguió el rastro del polonio, con un valor estimado de 20 millones de dólares, desde que presumiblemente salió de Moscú.

De ser demoledoras las evidencias reunidas por la fiscalía británica, Rusia sólo permitirá que Lugovoi sea juzgado aquí, donde es más fácil que los jueces desestimen pruebas y el imputado consiga una condena simbólica, siempre y cuando se mantenga en la línea de rechazar cualquier vinculación con el asesinato de Litvinenko y la fiscalía rusa considere imposible establecer la autoría intelectual del crimen.

El propio Lugovoi, como era de suponer, se volvió a declarar inocente hoy y dijo que los cargos en su contra tienen "un trasfondo político". Y en lo que parece una acción concertada con la procuraduría rusa, Lugovoi anunció que pronto hará revelaciones que van a "conmocionar a la opinión pública británica" sobre "varias figuras de origen ruso" que residen en Londres desde hace unos años.

Sorprende que Lugovoi se haya guardado esas "revelaciones" cuando Scotland Yard envió un grupo de investigadores a Moscú para interrogarlo en calidad de entonces "testigo clave" por ser una de las últimas personas, junto con otro ex espía ruso y socio suyo, Dmitri Kovtun, que se reunió con Litvinenko en el bar del hotel Millenium, el primero de noviembre pasado, el día que éste sufrió los primeros síntomas de envenenamiento.

Es evidente que la procuraduría rusa va insistir en su hipótesis -hasta ahora no concretada en acusación alguna- de que Litvinenko fue asesinado por órdenes de su íntimo amigo Boris Berezovsky, el magnate caído en desgracia y refugiado en Londres, supuestamente para "desprestigiar al presidente Putin".

No faltará aquí quien justifique la negativa de extraditar a Lugovoi con el argumento de que Gran Bretaña tampoco acepta entregar a Rusia a Berezovsky o Ahmed Zakayev, emisario de los separatistas chechenos en Londres.

Pero son casos que difieren de la grave acusación contra Lugovoi, y no sólo porque Berezovsky y Zakayev tienen estatus de exiliados políticos.

Por alguna extraña razón al insistir una y otra vez en su extradición, la procuraduría rusa olvida que en sus solicitudes originales a Berezovsky se le imputan delitos cometidos muchos años antes de haber ocupado una posición clave en el Kremlin como secretario adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, un despacho muy cercano al entonces presidente Boris Yeltsin, enterrado hace poco con honores de Estado.

Y a Zakayev, varios años antes de haber sido recibido en Moscú como negociador oficial por el general Viktor Kazantsev, se le acusa de haber matado a una persona que resultó viva y de torturar a otra que se desdijo en la corte que denegó su extradición en la capital británica.