Temas en la agenda de hoy
Durante los días recientes hemos visto cómo se mueven las principales tendencias de la coyuntura nacional. Por un lado, el gobierno de la República prosigue sin cambios visibles la guerra contra la delincuencia organizada, despojada, ahora sí, de cualquier eufemismo. Es una guerra "no convencional", pero una guerra al fin. La pregunta es si así como vamos podemos ganarla o no. Por otro, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en la calle, hay signos de cambio, expresiones de que las cosas ya no serán como antes.
En cuanto a lo primero, los enfrentamientos en Michoacán, así como los ataques realizados contra militares, marinos y jefes policiacos en otros punto del país ilustran la magnitud y, en cierta forma, el marasmo en que nos encontramos. Nadie conoce, salvo las periódicas invocaciones al sacrificio del presidente Calderón, cuál es, en definitiva, la idea general que preside esta magna operación militar, pero lo cierto es que la tranquilidad no se ha producido y sí, en cambio, aumentan las dudas, las preguntas sin respuesta acerca de cómo hemos llegado hasta aquí.
La pretensión posmoderna del Ejecutivo de actuar sobre el imaginario colectivo con la fuerza desplegada es grata a la derecha, suena lógica, pero resulta completamente ineficaz si se observa el fenómeno del narcotráfico en su conjunto: el consumo mundial no disminuye; la producción tampoco, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos durante décadas para proteger la gran fortaleza estadunidense, el negocio sigue boyante, incorporando nuevos productos, territorios y tecnologías.
Es obvio que la solución, si es que existe, no pasa, o al menos no primordialmente, por la guerra directa de las fuerzas armadas contra los grupos de maleantes, como piden los autores del Plan Colombia y otros similares. No quiere esto decir que no se actúe con la fuerza del Estado para reprimirlos, sino que en la estrategia general el uso de la violencia es incapaz de sustituir otros métodos de inteligencia y acción social directa, a la necesaria reconsideración del papel que la penalización desempeña en el robustecimiento del mercado global.
En rigor, las fuerzas democráticas tendrían que exigir cuentas tanto a los gobiernos (federal, estatal y municipal), así como a las fuerzas de seguridad dependientes de ellos por su más que probada implicación en el crecimiento de las redes criminales. Del escrutinio responsable, pero intransigente, no deberían eximirse los jueces y ministerios públicos que validan la impunidad, piedra angular para el crecimiento exponencial de las bandas criminales. Es una estupidez repetir la fraseología del Estado de derecho mientras existan impartidores de justicia beneficiados por el dinero sucio o, peor, amenazados para torcer su labor. O, sencillamente, juicios monstruosos como los que condenan a los atenqueses a castigos de los que escapan los narcos.
Mientras eso ocurre, la vida sigue dando sorpresas. Poco a poco va desgranándose el "misterio" de la conspiración encabezada por Vicente Fox para hacer de la democracia liberal un remedo del peor autoritarismo. La intervención del ex presidente en las elecciones de 2006, reconocida, pero no sancionada ejemplarmente por el Tribunal Federal Electoral, sigue salpicando a sus autores con el velo de la ilegitimidad.
El ahora senador Creel, ex secretario de Gobernación y precandidato, ha reconocido que la ley Televisa fue el producto de una imposición, término que luego sustituyó por otro menos gráfico. En rigor, palabras más, palabras menos, el panista confirmó lo que ya era obvio: el poder del estado se había doblado ante los intereses de las empresas para entregarles el negocio completo. A cambio, claro está, de una actitud favorable hacia la campaña de Calderón. Así, cada quien aportó, como dijo Ahumada al salir de la cárcel, su "granito de arena" para la victoria del michoacano. Hoy la Suprema Corte puede rectificar e impedir el atraco a la nación en materia de telecomunicaciones, pero, en términos democráticos, me pregunto, si ya no es posible cambiar las decisiones ilegales del gobierno de Fox, ¿qué podemos esperar de la justicia en adelante?
Y aquí paso a la tercera cuestión de esta coyuntura: la movilización popular, que muchos preferirían no ver o constatar la reiteración de un viejo ritual, sin eficacia verdadera. Pero algo importante está cambiando, aunque sea por la generalización de la consigna contra la reforma del ISSTE y la continua aparición de temas "políticos" en la agenda social. Y como prueba de esa lenta, pero segura mutación, vale la pena reconstruir el debate entre una profesora y el subsecretario de Educación, por más señas yerno de Elba Esther Gordillo.
De acuerdo con la reseña de Karina Avilés, la maestra Benítez Ochoa abordó al funcionario para decirle en su cara: "Elba Esther es una de las personas que más ha dañado al país en los últimos tiempos", propiciando el siguiente diálogo: "No debe decir eso porque gracias a ella (Elba Esther) ustedes viven mejor", adujo el funcionario. "No, señor, gracias a mi trabajo. Y yo no vivo como ustedes... Vea cómo vivo yo y vea la riqueza de Elba Esther..." Hallo en este intercambio el signo de una actitud sin temor, irrebatible, ante la cual el poder no tiene respuestas. A menos que el discurso de las componendas, lanzado para sellar el compromiso Calderón-Gordillo, pueda borrar el ácido lanzado por la profesora Benítez Ochoa.
Vamos a vivir tiempos complicados, pero la posibilidad del cambio sigue presente.